Un tribunal federal de Guanajuato revocó hoy la suspensión provisional que, desde el 11 de octubre, ordenó al Gobierno frenar la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), establecida mediante una reforma a leyes secundarias que se publicó el pasado 9 de septiembre.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito declaró fundado por unanimidad un recurso de queja del Gobierno, y revocó la suspensión que otorgo la jueza Novena de Distrito en Irapuato, Karla Macías.
Dicha suspensión dictó mantener a la GN bajo control de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), como ordena el artículo 21 de la Constitución, y devolver en su caso a dicha dependencia los recursos que ya hubieran sido enviados a la Sedena.
Los magistrados determinaron que Ángel Castro Gómez, el activista defensor de derechos humanos que promovió el amparo, no tiene interés jurídico o legítimo para solicitar la suspensión de esta reforma, sino un mero interés simple, que no esta permitido en materia de amparo.
El magistrado Gerardo Mendoza Gutiérrez explicó que Castro Gómez tenía que probar, al menos de manera indiciaria, algún daño de difícil reparación, directo y personal, que pudiera provocarle la transferencia de la GN a la Sedena.
"No se puede presumir válida y objetivamente que el decreto que ordena el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena le genere al quejoso un agravio diferenciado, esto es, distinto al que pudiera resentir el resto de la sociedad", afirmó.
Para la jueza Macías, la inconstitucionalidad de la reforma es evidente, pues el artículo 21 de la Carta Magna, modificado en 2019 para crear la GN, expresamente ordena adscribirla a la SSPC y tenerla bajo mando civil.
El tribunal colegiado, sin embargo, pareció defender la reforma, pues Mendoza sostuvo que suspender la transferencia a la Sedena afecta al orden público y el interés social en combatir a la delincuencia.
Renata Suárez Téllez y Arturo Hernández Torres, los otros integrantes del tribunal, también votaron por revocar la suspensión provisional; Macías tiene previsto resolver este viernes si concederá una suspensión definitiva, y lo resuelto hoy por el tribunal colegiado no la obliga a negar dicha medida.
Si la jueza concede la suspensión definitiva, lo que notificaría el lunes, la transferencia de la GN a la Sedena quedaría aplazada por tiempo indefinido, pues la revisión por un tribunal colegiado tomaría varias semanas, e incluso podría darse hasta 2023.
El artículo sexto transitorio de la reforma ordena concluir la transferencia hacia la Sedena a mas tardar el 9 de noviembre.
En la Ciudad de México, al menos seis jueces federales en materia administrativa han concedido suspensiones a ex agentes de la Policía Federal (PF), a los cuales la reforma ordena dejar fuera de la GN y mantener en la SSPC, sin que estén claras las funciones que tendrían en dicha dependencia.
Algunos de estos jueces han coincidido con su colega de Irapuato, en el sentido de que la reforma es inconstitucional, pero no la han suspendido con efectos generales, sino sólo en beneficio de los policías inconformes, para que no sean dados de baja de la Guardia Nacional.