Ciudad de México.- José Rodríguez es un venerable señor de unos 70 años que hace cuatro se jubiló tras décadas de trabajo duro sin una mancha en el expediente.
Desde entonces, Rodríguez pasaba los días de merecido descanso jugando con sus nietos. Hasta que a principios de septiembre, un desafortunado malentendido le colocó en la diana de la Justicia y, en un gesto de buena fe, decidió entregarse voluntariamente para responder a las acusaciones de delincuencia organizada.
Este es el único relato que se conoce en México de la biografía del general Rodríguez, el militar de más alto rango procesado por el caso Ayotzinapa. La desaparición de 43 estudiantes hace ocho años es uno de los episodios más traumáticos en la historia reciente del país.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha liderado una revisión a fondo del caso, lo califica como un “crimen de Estado”, lo que ha provocado un fuerte revuelo por los rincones del poder mexicano.
Antes de retirarse, Rodríguez era el comandante del 27 batallón de Infantería de Iguala, la ciudad donde sucedieron los hechos. Es decir, el jefe del cuartel con cientos de soldados a su cargo. Algunos de los cuales, también están encarcelados por presuntamente participar en la desaparición de los estudiantes en una alianza macabra con la delincuencia organizada.
Los pocos y blancos detalles que han trascendido sobre el general vienen de una entrevista publicada este semana en la prensa mexicana. Desde la sala de visitas de un penal militar, el general lo niega todo: “No hay pruebas”, “lo supe después”, “la institución me está apoyando”. La entrevista además ha ido envolviéndose cada vez en más polémica debido a que las respuestas del general fueron amplificadas por los canales oficiales del Ejército casi a modo de información corporativa.
PROTECCIÓN Y OPACIDAD
El cerco de protección y la opacidad en torno al general es máximo. Hasta el punto de que no existen fotografías disponibles de Rodríguez, y algunos medios han publicado por error el retrato del militar que no era. Rodríguez ha sido acusado en concreto de ser el autor intelectual del asesinato de seis de los 43 estudiantes.
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que ha liderado la comisión presidencial que investiga el caso en paralelo a los tribunales, anunció que Rodríguez estuvo en todo momento en contacto con los criminales.
Más detallado todavía: el militar mantuvo a una parte de los muchachos cautivos durante días y el 30 de septiembre ordenó su asesinato. Son las acusaciones más graves contra el Ejército mexicano en décadas, solo comparables a las atrocidades cometidas durante la Guerra Sucia de los setenta.
Con la diferencia de que esta vez no se trata de ninguna oscura conspiración con fines políticos. La causa detrás del horror sería ahora el dinero corrupto del narco.
Su defensa concentra la estrategia en presentar las acusaciones en su contra como un artificio basado exclusivamente en las declaraciones de un solo testigo.
En concreto, uno de los sicarios de la banda criminal implicada, Guerreros Unidos. Detenido en 2015 pero liberado después tras haber demostrado torturas por parte de la policía, Gildardo López Astudillo, alias El Gil, lleva acogido desde 2020 a una figura parecida a la del testigo colaborador protegido de la Fiscalía.
SEÑALAN A RODRÍGUEZ
Frente a lo alegado por su defensa, la investigación de la comisión recoge sin embargo declaraciones de más miembros de la banda criminal que señalan al general Rodríguez.
Los detalles provienen por una parte de la intervención de llamadas a cargo de la Fiscalía y la Guardia Nacional. Y por otro, de casi 500 capturas de pantalla de mensaje de WhatsApp recibidos en los teléfonos “de cinco de los presuntos actores dentro de los 35 personajes involucrados en el caso”, apunta el informe. De acuerdo a esos mensajes, a los que ha tenido acceso
EL PAÍS, al menos cuatro presuntos sicarios identificados como el Chino, el Chango, la Gorda y el Negro mencionan a la figura del general o incluso mantienen comunicación directa con él.
Fragmento de una página del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.