CIUDAD DE MÉXICO.-La Fiscalía General de la República busca aprehender a Abraham Eslava Arvizu, ex jefe de la Unidad Especializada en Investigación de Robo y Asalto de Vehículo de la SEIDO, por las presuntas torturas a un supuesto miembro de Guerreros Unidos implicado en el caso Iguala.
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur ordenó la aprehensión del ex funcionario por los delitos de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos, confirmaron autoridades consultadas.
La Fiscalía del Caso Iguala atribuye estos ilícitos al ex funcionario por su participación en el interrogatorio de Felipe Rodríguez Salgado "El Cepillo", supuesto traficante del grupo criminal Guerreros Unidos y señalado como implicado en la desaparición de los estudiantes.
En esa diligencia participaron Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, e Ignacio Mendoza Gandaria, ex director de Apoyo a la Operación tanto del desaparecido Cisen y como del Centro Nacional de Investigación. Ambos también tienen orden de aprehensión por los mismos hechos.
Eslava fue Fiscal Regional Especializado en Secuestro así como Coordinador de Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Análisis y Antisecuestros, ambos en la Procuraduría del Estado de México, durante el sexenio del Gobernador Enrique Peña Nieto. Tras su cargo en la FGR (2014-2015) fue nombrado Administrador Central de Apoyo a la Gestión del SAT, donde laboró hasta el 15 de marzo de 2016.
Por su participación en las investigaciones del paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a Eslava también lo indagan por el traslado supuestamente ilegal de Agustín García Reyes "El Chereje", otro presunto miembro de Guerreros Unidos, de las instalaciones de la SEIDO al Río San Juan. Las autoridades hoy presumen que en esa diligencia se "sembraron" evidencias para fabricar la "verdad histórica".
- De momento, la FGR no ha judicializado contra Eslava los hechos relacionados con esta diligencia y el ex funcionario tampoco ha promovido recurso legal alguno para defenderse de la orden de aprehensión.