CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) evadió comprobar el gasto de 12 mil 874 millones de pesos que se distribuyeron con el programa la Escuela es Nuestra, reportó la Auditoría Superior de la Federación.
Al revisar la Cuenta Pública del 2022, con Delfina Gómez al frente de la SEP, esta secretaría tampoco reportó si se aplicó presupuesto para alimentos y la extensión de la jornada educativa, con lo que se pretendió sustituir el programa de Escuelas de Tiempo Completo.
Además, aunque no puede repetir apoyos a las escuelas que en años anteriores los recibieron, la SEP "consintió" a mil 935 planteles, volviendo a entregar dinero para rehabilitación, sin justificar el caso de cada una y solo reportando que son "prioritarias".
La ASF alertó que las obras grandes en las escuelas no cumplen con medidas de seguridad que garanticen la integridad de alumnos y docentes, porque no se dio asesoría a los padres de familia.
En 2019 se creó el programa de la Escuela es Nuestra, con subsidios directos a padres de familia para que decidieran y ejecutaran los trabajos de mejoramiento, rehabilitación y equipamiento de infraestructura escolar, incluso construcción de obra mayor.
Para acceder a los recursos se deben constituir Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP).
La ASF revisó los apoyos otorgados a 44 mil 299 CEAPs Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), por lo que solicitó a la Secretaría de Educación Pública que indicara los importes que los comités aplicaron en los conceptos de infraestructura y equipamiento, de horario extendido y de servicios de alimentación.
"Al respecto, la SEP indicó que no cuenta con esa información, toda vez que los subsidios son entregados de manera directa a los referidos CEAP y éstos son los responsables de decidir el uso y destino de los apoyos así como de resguardar la documentación comprobatoria correspondiente", destacó el órgano de control.
Esto evidencia que la SEP no aplicó sus propias normas para dar seguimiento a la aplicación de los recursos públicos entregados a los padres de familia.
"Queda en evidencia que la Dirección General la Escuela es Nuestra no implementó los mecanismos necesarios para realizar el seguimiento de las diversas acciones que realizaron los CEAP en materia de infraestructura educativa, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interior de la SEP, ni para identificar los planteles que utilizaron parte de los recursos para el servicio de alimentación y la extensión del horario escolar", señaló la ASF como irregularidad.
Solo se informó a la Auditoría Superior que 33 CEAPs reintegraron 9.3 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, ya que, en 30 casos, sus integrantes renunciaron al apoyo y, en los 3 casos restantes, los planteles dejaron de funcionar.
La auditoría señala que la SEP evadió cumplir sus responsabilidades de seguimiento y supervisión de cómo se usa el presupuesto entregado.
"La Dirección General de La Escuela es Nuestra indicó que se encuentra legalmente imposibilitada para realizar el seguimiento antes referido, ya que son acciones de las que no tiene competencia para sustituirse en las responsabilidades de otras dependencias de la Administración Pública Federal.
"Sin embargo, lo señalado por la DGLEEN carece de sustento, toda vez que es el propio Reglamento Interior de la SEP el que, por medio de la fracción VIII de su artículo 25, la faculta para tales fines", señaló la ASF sobre la falta de la Secretaría en cumplir con el seguimiento de comprobación del gasto.
Además, dijo la Auditoría, en las Reglas de Operación del programa se incluyó la obligación de la SEP de darle seguimiento a la aplicación de los apoyos, para lo cual elaboró el documento denominado "Nota Metodológica", para determinar el tamaño de la muestra que asegure la representatividad de la población beneficiada.
También se incumplió con el "Programa de Trabajo Grupo Funcional Desarrollo Social 9 Seguimiento y Supervisión Operativa", en el cual se estableció que las actividades de seguimiento se realizarían entre los meses de junio de 2022 y octubre de 2023.
Se identificó que, de los 44 mil 299 planteles beneficiados, únicamente en 13 mil 701 casos, equivalentes al 30.9 por ciento, se constituyeron los "Comités de Contraloría Social", de los cuales 4 mil 838 no han registrado información sobre la aplicación de los apoyos.
Sin advertir daño al erario público ni sanción administrativa, la ASF solo recomendó a la SEP implementar un mecanismo que permita que los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) rindan cuentas de los recursos que reciban del citado programa.
Considerando, principalmente, aquellos que se encuentren ubicados en zonas urbanas que cuentan con la conectividad a internet necesaria, que permita a los referidos comités ingresar la información correspondiente a la aplicación y comprobación de los recursos que reciben, con el fin de cumplir con el seguimiento del gasto.
La ASF visitó 43 planteles que recibieron apoyos por 23 millones 600 mil pesos y se constató que se destinaron recursos por 22 millones 716 mil pesos para la realización de acciones de mantenimiento, rehabilitación y construcción de obra mayor.
"Al respecto, los integrantes de los CEAP indicaron que no destinaron recursos a los servicios de alimentación y a la extensión del horario escolar toda vez que no fueron prioritarios".
En tal revisión, la ASF alertó que no hay capacitación a los padres de familiar para realizar obra mayor, lo que es un riesgo de seguridad.
"Cabe mencionar que, en los casos en los que se destinaron parte de los apoyos para realizar obras mayores en los planteles, no se cuenta con evidencia de que se cumplieron con las especificaciones técnicas de construcción aplicables en materia de infraestructura física educativa.
"Ello no asegura que dichas obras se hubiesen realizado con estructuras y materiales que protejan la integridad física de la comunidad escolar.
"Como resultado de las visitas de verificación, se identificó que los CEAP, como responsables de la ejecución de los recursos, no cuentan con los conocimientos técnicos y experiencia en materia de construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura física educativa, ni en materia de manejo y administración de los recursos; además, tampoco cuentan con acompañamiento y asesoramiento en dichas materias por parte de personal de la SEP ni de la SEBIEN que coadyuven al mejor cumplimiento de los objetivos y metas del programa".