MONTERREY, NL .-En medio de un incremento en la incidencia de ese delito en Nuevo León, el Congreso local aprobó hoy reformas al Código Penal para establecer agravantes en el delito de feminicidio y especificar las motivaciones y/o acciones de los agresores contra las víctimas a fin de encuadrar mejor ese delito.
Las reformas aprobadas se derivan de iniciativas de reformas al Código Penal presentadas por los líderes de las fracciones del PRI, Heriberto Treviño, y del PAN, Carlos de la Fuente, así como Waldo Fernández, de Morena; las legisladoras priistas Jessica Martínez y Alhinna Vargas, y la emecista, Sandra Pámanes.
Con la reforma se establece que se considerará feminicidio si el cuerpo o los restos de la víctima son calcinados por el sujeto activo, presenten heridas, traumatismos, escoriaciones, contusiones u otras lesiones o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida.
Al presentar el dictamen al Pleno, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Caballero, precisó que al servidor público que retarde o entorpezca dolosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de 5 a 10 años y multa de 500 a mil 500 cuotas, además ser destituido e inhabilitado de 5 a 10 años.
"Cuando exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, por razón de parentesco por consanguinidad, afinidad, matrimonio, concubinato, cuidados, sociedad de convivencia, cohabitación, noviazgo, amistad o cualquier relación de hecho", detalló Caballero.
- La reforma por modificación al primer párrafo y diversas fracciones del artículo 331 bis 2, 331 bis 6 y 410 del Código Penal fueron avaladas en tribuna por las Martínez, Pámanes y la panista Nancy Olguín.