- CIUDAD DE MÉXICO
Contrario a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de eliminar la prisión preventiva oficiosa de la Constitución mexicana, las y los legisladores avalaron modificar el Artículo 19 constitucional a fin de considerar el tráfico de armas, sean o no de uso exclusivo del Ejército, como un delito grave que amerita prisión sin mandato de un juez.
El dictamen fue avalado con 21 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones y enviado a la Mesa Directiva de San Lázaro para su programación ante el pleno.Al justificar el dictamen, la diputada del Partido Verde Eunice Monzón indicó que el tráfico de armas es uno de los problemas que enfrenta México, porque éstas son utilizadas para cometer miles de delitos que afectan la seguridad y la economía del País.
Reconoció el esfuerzo del Gobierno federal para atacar estos problemas con una inversión sin precedentes en materia de programas sociales y a través de la Cancillería, que ha interpuesto diversas demandas en Cortes de Estados Unidos con la finalidad de obtener respuestas de fabricantes y del Gobierno de ese país; no obstante, indicó que esos esfuerzos no serán suficientes mientras no se detenga el flujo de armas en el País.
El emecista Salvador Caro advirtió que la prisión preventiva oficiosa es utilizada recurrentemente para fines políticos. Además, aseguró que en los últimos años los grupos criminales han tenido acceso a armas que antes no estaban a su alcance, como Barrett calibre 50, por lo que en lugar de modificar la Constitución, propuso exhortar al Ejecutivo federal a "echarle ganas" en este tema.
Caro consideró la modificación constitucional como ociosa, ya que el Artículo 19 de la Constitución ya establece que el juez ordenará la prisión preventiva en casos de delitos cometidos con armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
El panista Santiago Torreblanca advirtió que la prisión preventiva oficiosa hace flojas a las Fiscalías, porque en lugar de acreditar delitos mediante investigaciones exhaustivas, es más fácil fincar delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa para sacar a una persona de circulación, además de coincidir en que esta figura puede ser usada con fines políticos.
La Comisión avaló también modificaciones a los Artículos 55 y 91 constitucionales, para reducir de 21 a 18 años la edad para poder ser electo diputada o diputado federal y de 30 a 25 años la edad mínima para ser titular de una Secretaría de Estado.
La morenista Andrea Chávez indicó que la redacción actual de estos artículos es contraria al derecho de todas las personas a no ser discriminado.Cuestionó que al cumplir la mayoría de edad, las personas tengan derecho a votar e incluso puedan consumir bebidas alcohólicas, ir a combate, pagar impuestos o constituir una empresa, pero no puedan acceder a cargos de elección popular o a puestos de toma de decisiones.
"Por el principio de reciprocidad tenemos que aprobar esta reforma constitucional", consideró.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, dijo que el riesgo de la reforma es el "juniorismo". Sin embargo, llamó a analizar los resultados que ésta pueda tener, para garantizar que cumplirá con su objetivo de promover la participación activa de las y los jóvenes.