En conferencia de prensa, hijos de José Luis González Sánchez y Josefina Rodríguez y vocero de la familia González Uyeda, pidieron al Presidente retomar este caso y ordenar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República, y al Servicio de Administración Tributaria una investigación de los delitos relacionados con aspectos fiscales y financieros por parte de quienes hoy dirigen la empresa, así como poderles otorgar a los afectados el servicio de protección federal.
Los familiares de los principales afectados, Roberto Eiji González Uyeda, José Luis González y Josefina Rodríguez, por los actos irregulares en Sello Rojo desde hace más de cuatro años, explicaron que la contienda judicial inició con el establecimiento de medidas cautelares con las que Abraham González Uyeda tomó el control de la empresa.
Sin embargo, afirmaron que no ha tenido solución gracias a la intervención de funcionarios pertenecientes a los poderes Judicial y Ejecutivo de Jalisco en favor de Abraham y Rubén González Uyeda.
Afirmaron que Abraham González es conocido ampliamente en Jalisco por la "fuerte influencia y capacidad de manipulación" que ejerce sobre funcionarios del círculo cercano al Gobernador Enrique Alfaro, magistrados, consejeros y jueces del Poder Judicial, notarios, agentes del Ministerio Público estatales y federales, entre otros.
Además, aseguraron que Abraham y Rubén González Uyeda han negado entregar las utilidades que les corresponden por ley a José Luis González y Josefina Rodríguez por más de siete años, periodo en el que la empresa ha tenido ventas superiores a los 36 mil millones de pesos.
Los familiares de los socios afectados explicaron que en 2019, con base en un dictamen, los hermanos Abraham y Rubén González Uyeda argumentaron que la empresa tenía un riesgo potencial de deuda de 400 millones de pesos.
Esto lo utilizaron para hacerse de la empresa y dar inicio a una serie de acciones de despojo, con base en intimidaciones y amenazas dirigidas al resto de los socios, así como de prácticas laborales ilícitas que han llevado a la empresa a crecientes pérdidas.
Sin embargo, ahora cuentan con información de que la pérdida acumulada para la compañía desde que Abraham asumió ilegalmente el control, es de casi mil 300 millones de pesos y hoy se pone en riesgo el empleo de más de 8 mil trabajadores.
Según afirmaron los afectados, Abraham y Rubén González Uyeda hoy no entregan reportes detallados, se han negado al pago de dividendos a los socios, han modificado ilegalmente los estatus de la empresa y con ello lograron la anulación del voto corporativo de los socios.
Añadieron, han llevado a cabo una permanente violación de derechos de los trabajadores, como despidos masivos, firmas forzadas de renuncias e incluso secuestros temporales denunciados por los trabajadores en Guadalajara, Acapulco, San Luis Potosí y Tamaulipas.
Hicieron hincapié en las supuestas aportaciones a la empresa no reflejadas en Hacienda y falseo de información financiera en asambleas y ante la opinión pública, lo que debería, consideraron, implicar una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la Auditoría Superior de la Federación.