La Suprema Corte de Justicia anuló ayer la prohibición a los altos funcionarios federales para laborar en empresas privadas durante los 10 años siguientes a su encargo en el sector público.
Por unanimidad, el Pleno de la Corte invalidó este candado, impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, e incluido en la Ley Federal de Austeridad Republicana, vigente desde noviembre de 2019.
La Cámara de Diputados había aprobado un candado de cinco años, pero el Senado incrementó el plazo a los diez años que el Presidente había planteado en su iniciativa de ley, lo que fue impugnado ante la Corte por senadores de Oposición.
La Corte consideró que el objetivo de la norma es válido, porque se busca evitar que funcionarios favorezcan a empresas a las que regulan a cambio de obtener posteriormente empleos u otros beneficios.
Pero se determinó que el periodo de 10 años es excesivo, que afecta de manera desproporcionada el derecho humano de libertad de trabajo, y que su utilidad para combatir la corrupción no fue justificada por el Congreso.
“El grado de afectación que en el caso sufre el derecho al trabajo, no es proporcional a la importancia de realizar el fin perseguido, ya que éste puede lograrse sin afectar con tanta intensidad la libertad de trabajo”, explica el fallo.
UN TRATO DIFERENCIADO
El Ministro Alberto Pérez Dayan destacó que la norma daba un trato diferenciado no justificado, pues sólo estaba dirigida a mandos superiores del Gobierno federal, pero no a cualquier funcionario que tenga acceso a información privilegiada.
“(La ley) se dirige a un universo de sujetos desproporcionadamente amplio, no todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades ni riesgos de corrupción”, agregó en contraste el Ministro presidente Arturo Zaldívar, al considerar que es una norma sobre inclusiva.