El Gobierno de Ciudad de México y la consultora noruega DNV mantuvieron durante meses un pulso por el último dictamen sobre el derrumbe de la Línea 12, adelantado por EL PAÍS este lunes. El Ejecutivo local tenía reparos por una supuesta “serie de deficiencias e inconsistencias” que encontraban en el documento, que concluye que la tragedia tuvo cuatro causas concurrentes: fallas en el diseño, en la construcción, en la supervisión de la obra, y en las inspecciones y mantenimiento de la línea ferroviaria. La empresa defendió su trabajo y rechazó enfáticamente las acusaciones de la Administración capitalina en una serie de oficios que se mandaron entre los dos actores durante febrero y abril de este año, y a los que ha tenido acceso este periódico.
El peritaje atraviesa a las tres últimas Administraciones de la ciudad (las de Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum).
15 DE FEBRERO
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el cliente formal de DNV, envió un oficio a la empresa en que acusaban una calidad por debajo de lo esperado. Entre los puntos que reclamaba está que no se haya tomado como referencia el llamado “tramo espejo”, un sector de la línea prácticamente igual al que se cayó, algo que para las autoridades era “de vital importancia” debido a las similitudes que tenía con el tramo colapsado. Reprocharon también la falta de hipótesis alternativas, “una práctica común” en el análisis de estos siniestros, y que no indagaran en profundidad sobre la importancia que tuvieron las fallas de diseño detectadas. “Aún y cuándo les fue entregada toda la información técnica y documentos solicitados”, dice el oficio del Gobierno, “no fue tomada en cuenta para la elaboración del análisis”.
Otro de los puntos que reclamaban es que utilizaran imágenes tomadas de Google Street View para determinar que el daño de la estructura colapsada era “visible en fotografías adquiridas desde el nivel de la calle”, cuando no fueron tomadas para realizar este tipo de análisis. Además incluye una objeción sobre la metodología con la que se realizó el documento, y dice que “no se observa la aplicación completa” de la técnica —una marca registrada de DNV y reconocida internacionalmente—, como han hecho en otros accidentes analizados. El oficio concluye con una solicitud a DNV para que realice nuevamente el análisis, pero esta vez aplique “la metodología completa” y “no omita la información” que le fue facilitada.
25 DE FEBRERO
DNV le respondió al Gobierno capitalino que el contrato especificaba que la sección a evaluar era la que se desplomó, y no el “tramo espejo”, además de que sus especialistas lo descartaron por no ser “relevante”. La compañía defendió además que la información sobre el tramo espejo fue entregada fuera del “curso natural de la investigación” —según detalla, en enero— y que no aportaba elementos que pudieran cambiar los resultados de su informe. Sobre las hipótesis alternativas, la empresa aseguró que analizaron las causas de lo que determinaron como el modelo de peligro más probable.
DNV también explicó que las imágenes de Google solo fueron utilizadas para identificar “la progresión de los daños” acumulados en la estructura. En relación a la aplicación incompleta de su propia metodología, la consultora recalcó que no fue aplicada de la misma forma que en otros siniestros debido a que cada caso es diferente por el tipo de “proceso, instalación y personas involucradas”. Sobre los reclamos que se hicieron a lo largo de la investigación, la empresa respondió que tomaron las observaciones que creían aplicables y justificaron las que rechazaban “porque no eran aplicables o porque de incorporarlas se introducirían sesgos”. La consultora concluyó que el informe “cumple con el criterio de expertos internacionales” y que contó con revisores de Europa y Estados Unidos.
10 DE MARZO
El Gobierno volvió a escribir a DNV el 10 de marzo para reclamar que no estaba satisfecho con el informe final y citó un extracto del contrato firmado entre los dos actores en el que dice que, en caso de que las autoridades encuentren irregularidades en el servicio, la relación laboral no acaba hasta que sean resueltas. La Administración de Sheinbaum le acusó de haber cometido errores graves que le llevaron a conclusiones “casi tautológicas”. Unos días después, el 18 de marzo, la compañía noruega respondió con las mismas aclaraciones que había dado en febrero y finalizó el documento señalando que daba por aceptado el tercer reporte.
Para entonces, las diferencias entre la empresa y las autoridades ya se habían ventilado. “Me informa la secretaria de Protección Civil que tiene muchísimas observaciones al último reporte”, dijo Sheinbaum en una rueda de prensa del pasado 4 de marzo. “Así como el primer y el segundo reporte tenía una solidez técnica muy importante, en el tercer reporte se han encontrado problemas”, agregó la mandataria, aunque señaló que aún “estaban a tiempo” de resolver el desacuerdo. Al menos desde entonces, la jefa de Gobierno ya había señalado un supuesto conflicto de interés por un abogado que representaba a la compañía y que había participado en un litigio contra el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en 2012. “Se está revisando el conflicto de interés que esto puede generar”, dijo.
Páginas de la respuesta de DNV al oficio que recibió la empresa el 15 de febrero del 2022.