CIUDAD DE MÉXICO.– El Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitó a la Cámara de Diputados un presupuesto de 79 mil 969 millones 700 pesos para el ejercicio fiscal de 2023, un incremento del 5% en comparación a lo que se aprobó para el año actual, de los cuales prevé asignar 896 millones 400 mil pesos a blindar a jueces y magistrados amenazados.
“En atención a lo anterior, el presente proyecto de presupuesto prevé una asignación de 896.4 millones de pesos, recursos necesarios para garantizar la seguridad de las personas juzgadoras”.
El monto de presupuesto total se dividirá entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 5 mil 733 millones 900 pesos; el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), 71 mil 220 millones 500 pesos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 3 mil 15 millones 300 pesos.
De los 5 mil 733 millones 900 pesos saldrá el dinero para pagar los sueldos de los ministros, quienes se prevé que obtengan una remuneración anual neta de 3 millones 773 mil 995 pesos.
Dicha cantidad se integra por 680 mil 980 pesos anuales de prestaciones de ley, de donde sale el aguinaldo y las vacaciones; 639 mil 917 pesos para el seguro de riesgo; 523 mil 314 del fondo de ahorro, entre otros conceptos.
La FGR también pide aumentoLa Fiscalía General de la República (FGR) también solicitó un incremento a su presupuesto para el año 2023, al pedir la asignación de 18 mil 954 millones 200 mil pesos, cantidad ligeramente mayor a los 17 mil 966 millones 100 mil pesos que recibió en 2021.
De dicho presupuesto saldrán los salarios de los servidores públicos que integran la FGR, incluido el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y su mano derecha, Juan Ramos López, titular de la Fiscalía Especializada en Control Competencial.
Así, al final del 2023, la FGR prevé que su titular obtenga un salario bruto de 2 millones 570 mil 893 pesos y Juan Ramos 2 millones 548 mil 680 pesos.
- Ambos funcionarios han sido protagonistas de investigaciones en las que se ha cuestionado el uso faccioso de la FGR, como el caso de Alejandra Cuevas, Laura Morán y Alonso Castillo Cuevas; la indagatoria iniciada contra el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y otros abogados acusados de supuesta extorsión y el del empresario Ernesto Álvarez Morphy.