CIUDAD DE MÉXICO.- La víspera del décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el sur de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador exoneró a los militares de este crimen que conmocionó dentro y fuera del país. El mandatario insistió en que las acusaciones que vinculan al Ejército con el caso obedecen a "intereses políticos", tanto del país "como del extranjero", ajenos a la investigación.
En una carta dirigida a los padres y madres de los desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa que López Obrador leyó y comentó el miércoles durante su conferencia matutina, desacreditó tanto las afirmaciones sobre la participación de los militares en los hechos como las que vinculan el ataque con el tráfico de heroína en la zona, aunque no ofreció una explicación alternativa sobre cuál pudo ser el móvil del ataque.
Sin embargo, miembros de su gobierno han defendido estas dos hipótesis al igual que lo han hecho los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron el caso durante ocho años.
El presidente insistió en que "no existe ninguna prueba de que el ejército haya participado en la desaparición" de los estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Aún así, también dijo que 16 militares están bajo proceso, presuntamente vinculados al crimen organizado o "por omisión al no haber actuado para evitar actos de violencia en contra de los jóvenes".
La Comisión de la Verdad creada por su gobierno en 2019 para esclarecer el caso y dirigida por Alejandro Encinas —a quien López Obrador le recordó que contó con todo su respaldo— consideró que el caso fue "un crimen de estado" en el que fuerzas de seguridad aliadas con un cártel local que traficaba con heroína atacaron a los estudiantes, los hicieron desaparecer y luego, autoridades de las más altas instancias del estado colaboraron para encubrir la verdad.
- Dicha comisión habló de militares involucrados y Encinas dijo en 2022 que seis estudiantes fueron mantenidos vivos en una bodega por algunos días y luego fueron presuntamente entregados al comandante de una base militar que ordenó su ejecución, aunque posteriormente los expertos de la CIDH consideraron que las evidencias que corroboraban estas afirmaciones no eran de origen fiable.
CIUDAD DE MÉXICO.- La mayoría oficialista en el Senado de México aprobó el miércoles una polémica reforma constitucional que traspasó la Guardia Nacional al control del ejército, un cambio anhelado desde hace varios años por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador cuestionado por organizaciones y analistas por ahondar en la militarización de la seguridad.
- Tras una maratónica sesión que se extendió por más de ocho horas, los senadores del partido gobernante Morena aprobaron, con el apoyo de sus fuerzas aliadas, la iniciativa que fue criticada por organizaciones humanitarias y expertos de Naciones Unidas que aseguraron que la reforma profundizará la militarización de la seguridad y podría aumentar el riesgo de abusos contra los derechos humanos.
Sobre el impacto que tendrá en las políticas de seguridad, los analistas manifestaron dudas y reconocieron que la reforma solo llenará un vacío legal debido a que el ejército desde hace varios años tiene el control de la Guardia Nacional.
La iniciativa, que se aprobó con 86 votos a favor y 42 en contra, forma parte de un paquete de leyes que propuso en febrero pasado López Obrador y que incluyó una controvertida reforma judicial que sancionó hace dos semanas el Congreso en medio de protestas de jueces y empleados judiciales. La reforma deberá ser validada en los próximos días por al menos 17 de los 32 congresos estatales para su promulgación.