Ciudad de México
Las diputadas federales de Morena, Olga Juliana Elizondo Guerra, y del Partido Verde Ecologista de México, Valeria Santiago Barrientos, denunciaron presuntas irregularidades al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) por más de 224 millones de pesos durante la administración de Lorenzo Córdova.
Las legisladoras explicaron que, de acuerdo con la respuesta del INE a la solicitud de información 330031423000350, durante 2022, la autoridad electoral facilitó 224 millones 419 mil 742 verificaciones de datos de credenciales para votar en favor de 62 instituciones privadas y 11 instituciones públicas. No obstante, únicamente se alcanzó una recaudación de 50 millones 325 mil 152 pesos con 67 centavos, a pesar de que debió recibirse ingresos superiores a los 224 millones, dado que el cobro unitario aproximado por verificación asciende a un peso; lo que representa un detrimento de casi 78 por ciento de ingresos por dicho concepto.
Al respecto, responsabilizaron al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, así como del exsecretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.
"Podemos deducir que el Servicio de Verificación ha sido utilizado en total opacidad, al no contar con mecanismos establecidos en la Ley que permitan la rendición de cuentas del dinero efectivamente cobrado, así como investigar y, en su caso, sancionar a quienes ilícitamente se hayan enriquecido a costa del servicio público", indicaron.
PRESENTAN INICIATIVAEn esa materia, y con la finalidad de fortalecer los mecanismos de protección de datos personales de la ciudadanía y la transparencia de los recursos públicos administrados por el INE, las diputadas presentaron una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
La iniciativa busca normar el servicio de verificación de los datos de la credencial para votar, un instrumento promovido por el INE para que instituciones públicas y privadas realicen una confrontación de datos que les permita constatar la veracidad de la credencial presentada por parte de quienes busquen contratar un crédito, realizar trámites o la apertura de una cuenta bancaria, y prevenir fraudes.