- CIUDAD DE MÉXICO
El INAI advirtió que la publicación de ese decreto viola la suspensión otorgada por la Corte en la controversia constitucional 217/2021, que presentó el Instituto en diciembre de 2021 para impugnar el primer decreto de AMLO, del 22 de noviembre de ese mismo año, el cual tenía el mismo fin que el publicado ayer.
"Al admitir la controversia constitucional, la SCJN determinó procedente la suspensión de todos los efectos y las consecuencias del Acuerdo, ya que su ejecución implicaría una restricción al derecho a saber, pues la información derivada de esos proyectos y obras podría ser considerada también reservada por seguridad nacional e interés público", indicó en un comunicado.
No obstante, el INAI no puede presentar una nueva controversia contra el decreto de ayer porque no tiene quórum para sesionar.
Añadió que tras un análisis detallado, concluyó que el decreto publicado ayer por López Obrador podría representar una restricción al acceso a la información relacionada con las obras del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, entre otras.
Ayer, la Corte invalidó el primer decreto de AMLO, a lo que el Presidente respondió con otro similar.
"Es importante precisar que la suspensión se encuentra vigente, debido a que la controversia constitucional no ha sido resuelta en su totalidad. Si bien en la sesión de ayer, el Pleno de la Corte determinó la invalidez del Acuerdo del 22 de noviembre de 2021, lo cierto es que no se dictaron los efectos de la sentencia, con lo cual no se puede considerar como un asunto totalmente concluido. Por tanto, debe quedar claro que los efectos de la suspensión no han cesado", afirmó el INAI.
"Adicional al recurso de queja, el Instituto solicitó al Máximo Tribunal que los efectos de la sentencia de la controversia 217/2021, que se prevé sean dictados en la sesión del próximo lunes 22 de mayo, se hagan extensivos al Decreto publicado ayer, debido a la similitud existente, toda vez que en ambos se catalogan como de seguridad nacional e interés públicos las obras de infraestructura a cargo del Gobierno federal, lo cual afecta el derecho a saber de la sociedad".