- CIUDAD DE MÉXICO
Señaló que algunos de estos contribuyentes se encuentran como no localizados, 2.63 por ciento ha logrado desvirtuar las acusaciones que se les imputan, 95.8 por ciento ha sido definitivamente clasificado como empresas factureras de operaciones simuladas y sólo 2.16 por ciento de ellas aún espera una resolución.
Por ello, presentó un punto de acuerdo para que el SAT establezca un protocolo de acción con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra las empresas que facturan operaciones simuladas y las que deducen dichas operaciones.
Además, pidió que el SAT publique de manera regular y accesible información detallada sobre el número de procedimientos de fiscalización, casos judicializados, montos de evasión fiscal y cualquier otro indicador relevante contra dichas empresas.
Espino de la Peña puntualizó que la autoridad tributaria identificó que de 2014 a 2017, el número de empresas factureras de operaciones simuladas aumentó seis veces. Cada una de ellas emitió facturas para aproximadamente 50 empresas receptoras, con un promedio de facturación de cinco millones de pesos para cada una.
Para el 9 de diciembre de 2019, explicó el legislador, existían alrededor de 10 mil 953 presuntas empresas que facturaban operaciones simuladas, lo que correspondía a 547 mil 650 empresas receptoras de facturas que amparaban operaciones inexistentes, por un monto aproximado de dos billones 739 mil millones de pesos.
En el documento, que inscribió en la Gaceta Parlamentaria, Rafael Espino también exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a definir metas anuales específicas sobre casos definitivos, judicializados y montos de recaudación de empresas que facturan operaciones simuladas.
Dichas metas deben ser claras, alcanzables y contribuir a la recuperación efectiva de los recursos fiscales, apuntó.
El legislador de Morena también exhortó a la FGR a que informe al Senado sobre las medidas establecidas para agilizar y fortalecer la investigación y judicialización de los procesos relacionados con empresas que facturan operaciones simuladas, que garantice la integración eficiente de expedientes penales y una tramitación efectiva de los casos.
Además, consideró que el SAT tiene que diseñar un plan de acción específico para asegurar la cobranza efectiva de los montos de impuestos omitidos, como el ISR e IVA, derivados del uso de comprobantes fiscales emitidos por las empresas mencionadas.
También pidió a la SHCP que asigne recursos humanos y materiales suficientes para la ejecución de los programas de fiscalización, destinados a identificar y sancionar a las empresas que facturan operaciones simuladas y a las que deducen con esos comprobantes, así como a realizar revisiones periódicas sobre la implementación de la normatividad sustantiva y adjetiva en materia fiscal, con el objetivo de identificar posibles lagunas o áreas de mejora que permitan una detección más eficiente de esquemas de evasión fiscal.
También sugirió que establezca incentivos para fomentar la colaboración proactiva de las empresas en la identificación y denuncia de prácticas fraudulentas, así como promover una cultura de cumplimiento tributario.