- Ciudad de México
El juez Genaro Alarcón López ha declarado abierto el juicio contra el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, encarcelado por el caso de sobornos Odebrecht. Después de casi cuatro años de tiras y aflojas judiciales, la Fiscalía ha solicitado 46 años de prisión para Lozoya por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, y 21 para su madre, Gilda Margarita Austin, por asociación delictuosa y uso de recursos ilícitos. El proceso contra el jefe de la petrolera estatal en el sexenio de Enrique Peña Nieto se ha enredado durante todo este tiempo en una investigación interminable con peticiones de aplazamiento, pero el juicio ya está abierto, a pesar de que el acusado se ha mostrado dispuesto a reparar el daño económico causado, 200 millones de pesos.
Las pruebas inculpatorias han sido parte del embrollo judicial en estos meses. Finalmente, el juez, tras una audiencia de siete horas este lunes, ha rechazado 22 de más de 60 que presentaba la Fiscalía. Han aceptado siete de forma parcial y cinco en su totalidad. En cambio, las pruebas que presentaba la defensa y que la Fiscalía buscó derrumbar han sido admitidas por el juez, en total 28. A finales de abril, se celebrará una nueva diligencia por el segundo caso que enfrenta el acusado, el de Agronitrogenados, por el que también se ha ofrecido a colaborar pagando el monto fijado por los daños causados. En la audiencia de Odebrecht, la rama mexicana del entramado de sobornos millonarios que afecta a varios países latinoamericanos, la madre de Lozoya pidió por videoconferencia al presidente López Obrador una oportunidad para su hijo y recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene pruebas de delito contra el expresidente Peña Nieto, por lo que no ve la razón de que a este no se le procese de igual forma.
Lozoya fue apresado en España en 2020 y extraditado a México, donde se le imputaron delitos relacionados con el caso Odebrecht, pero llegó a acuerdos con la Fiscalía para convertirse en una suerte de testigo colaborador que le evitó su entrada en la cárcel hasta noviembre de 2021, cuando se le fotografió en un restaurante caro de la Ciudad de México con unos amigos y el asunto desató la indignación popular ante el tren de vida de un hombre que mantiene cuentas millonarias en paraísos fiscales. La Fiscalía dio un giro y se empleó en el ataque. Después de eso, el caso se ha estirado como un chicle a base de pedir aplazamientos en audiencias para preparar la defensa. El caso ha sido uno de los emblemas anticorrupción del Gobierno de López Obrador.