- CIUDAD DE MÉXICO
La propuesta, que es para modificar el artículo 99 constitucional, que es el que regula las facultades del Tribunal Electoral federal, plantea que éste pueda hacer una interpretación amplia de los derechos político electorales y de sus criterios sobre los servidores públicos.
"En caso de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva que se han utilizado recursos públicos para afectar gravemente la equidad en la contienda entre los partidos políticos, se podrá declarar la nulidad de la elección en cuestión si el partido político, coalición o candidato beneficiado resulté ganador en el proceso electoral que corresponda", señala.
La iniciativa, suscrita por Jorge Álvarez Máynez, a nombre de MC en la Cámara de Diputados, grupo al que coordina, fue presentada a la Comisión Permanente el 31 de mayo y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Este martes, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de San Lázaro.En la exposición de motivos se hace referencia a las expresiones del Presidente de la República en sus conferencias matutinas, sobre todo a las de mayo, lo que provocó que MC interpusiera quejas y obtuviera medidas cautelares para no difundir manifestaciones que pudieran afectar la equidad en los procesos electorales.
"Ya desde el periodo electoral de 2021, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se caracterizó por la injerencia en los procesos electorales por celebrarse en aquella época", se expone en el documento.
La iniciativa reproduce la prohibición a los servidores públicos contenida en el artículo 134 constitucional para la utilización de recursos públicos con fines distintos a los determinados, de utilizarlos "en todo tiempo" con imparcialidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos".
MC insiste en la necesidad de garantizar el voto libre de los ciudadanos, sin ningún tipo de coacción o injerencia, y en ese contexto justifica limitaciones a la libertad de expresión.
La iniciativa propone que una vez que se apruebe la reforma constitucional, y se publique en el Diario Oficial de la Federación, entre en vigor de inmediato, un día después, y el Congreso de la Unión adecue la legislación secundaria vinculada con este tema en un plazo de 60 días naturales, al día siguiente de su publicación.