LOS ÁNGELES
Un extenso centro de detención operado por una empresa privada en Adelanto, un poblado en el ventoso desierto de California, tiene la capacidad de albergar a casi 2.000 inmigrantes que enfrentan la posibilidad de ser deportados. Sin embargo, actualmente luce casi vacío.
La instalación de Adelanto es un ejemplo extremo de cómo los pagos mínimos garantizados a los que recurre el gobierno de Estados Unidos en contratos con empresas privadas para albergar a inmigrantes detenidos pueden tener desventajas financieras. En estos contratos, el gobierno se compromete a pagar una cierta cantidad de camas, ya sea que se usen o no.
El gobierno paga por lo menos 1.455 camas por día en Adelanto, pero en lo que va del año fiscal reporta una población diaria promedio de 49 detenidos. Los defensores de los inmigrantes dicen que en Adelanto hay actualmente unas dos docenas de personas porque las autoridades no pueden llevar más inmigrantes debido a que las autoridades se vieron obligadas a espaciar a los detenidos por orden judicial, para limitar la propagación del COVID-19.