Detienen a un policía por el ´caso Ayotzinapa´

Ciudad de México

Casi dos años después de que un juez emitiera una orden de busca y captura en su contra, la Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido a Liobardo Alarcón de la Cruz, expolicía de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. El hasta ahora fugitivo está acusado de haber participado en el secuestro de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala el 26 de septiembre de 2014, a los que todavía no se ha encontrado. Sobre él pesan los cargos de delincuencia organizada por su presunta colaboración con Guerreros Unidos —principales perpetradores junto a la policía del crimen—, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

Alarcón de la Cruz fue capturado el 15 de mayo en Acapulco, pero su detención no había transcendido hasta este martes, cuando Milenio ha adelantado la noticia. De acuerdo con Reforma, fue internado en la prisión de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México. El presunto criminal estaba en busca y captura desde agosto de 2022, cuando el juez Enrique Beltrán Santés emitió órdenes de aprehensión contra 83 implicados en el caso: 20 altos mandos militares, 44 policías, 14 presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y cinco "autoridades administrativas y judiciales" de Guerrero, aunque un mes después y a petición de la FGR canceló al menos 21 de las 83 órdenes.

Contra Alarcón de la Cruz hay un abultado caso, aunque el grueso de la acusación se basa en la declaración de uno de las principales testigos protegidos de la FGR, Carla, ficha clave en el desarrollo de la investigación actual. Según Reforma, Carla identificó una fotografía del exagente y lo situó como miembro del grupo Los Bélicos, los presuntos responsables de entregar a los 43 estudiantes a Guerreros Unidos, quien, de acuerdo con esta teoría, luego los asesinó y los desapareció. Sin embargo, Alarcón de la Cruz formaba parte de la policía estatal y Los Bélicos pertenecían a la policía municipal de Iguala, lo que pone en duda la hipótesis.

Entre las mismas 83 órdenes de arresto por las que ha caído Alarcón de la Cruz se encontraban las de los ocho militares, acusados de desaparición forzada y más tarde de delincuencia organizada, que salieron en libertad provisional el 9 de mayo y seguirán el devenir de su juicio desde la calle. Días después, un grupo de normalistas, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, compañeros de los 43 de Ayotzinapa, la tomaron contra la fachada del Palacio Nacional en represalia: reventaron artefactos explosivos caseros contra sus muros como protesta y herramienta de presión al presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador prometió después que impugnaría la concesión de libertad provisional a los ocho soldados.

El caso Ayotzinapa está caldeado desde hace meses, inflamado por la batalla política entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, que esgrimen el secuestro de los 43 como un arma arrojadiza, y la presión en las calles de los normalistas (uno de ellos, asesinado por la policía este marzo) y los padres y madres de las víctimas. Por un lado, están las familias y los compañeros de los estudiantes, desesperados ante la falta de avances de una investigación completamente estancada, que se han lanzado a formas de protesta cada vez más duras para colocar el foco sobre la desaparición y tratar de destrabar las pesquisas. Exigen una serie de documentos de inteligencia militar que el grupo independiente de expertos (GIEI) que investigó por años el crimen (y abandonó México en julio, frustrado ante la negativa de las autoridades a colaborar) y el exsubsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, entre otras figuras de peso, han asegurado que custodia la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El Ejército, por su parte, uno de los focos oscuros del caso, sobrevolado desde el día uno por la sospecha, es reacio a colaborar y sostiene que los archivos militares que reclaman los familiares de los 43 no existen, a pesar de que hay múltiples evidencias en su contra. López Obrador los respalda, ante el descontento de los parientes, que le acusan de haberles dado la espalda por defender a la Sedena. Mientras tanto, el presidente descalifica al Poder Judicial por decisiones como la libertad provisional de los ocho militares, y llama a los jueces "corruptos" y "podridos". El día que anunció que impugnaría la libertad de los ocho soldados, declaró: "El Poder Judicial ya tomó partido, está a favor del bloque conservador. Nosotros vamos a impugnar esa decisión como lo hicimos en el caso del procurador [Jesús Murillo Karam, implicado en el caso], pero hay una actitud del Poder Judicial tendenciosa".

López Obrador se centra en la liberación de los ocho militares, una de las tramas de menor peso de una gruesa investigación sobre el paradero de los 43, pero se niega a reunirse con sus familiares, que llevan meses reclamando un encuentro: el presidente ha prometido que será el 3 de junio, el día después de las elecciones, pero para los padres y madres no es suficiente y algunos lo ven como una manera de evitar escándalos antes de los comicios. Mientras tanto, López Obrador descalifica a los abogados de los parientes de los estudiantes desaparecidos, profesionales con décadas de experiencia en el campo de los derechos humanos que han sufrido el espionaje estatal por su trabajo, a los que acusa de orquestar una campaña para desestabilizar a su Gobierno. Y entre batallas políticas, mediáticas y acusaciones cruzadas, los 43 de Ayotzinapa siguen sin aparecer.