- A percepción de la dependencia que dirige María Elena Álvarez-Buylla, organizaciones y personas dedicadas a la academia e investigación "han emprendido una campaña de mentiras y desprestigio" contra la propuesta oficialista para sustituir la actual Ley de Ciencia y Tecnología.
Esto como reacción al pronunciamiento suscrito por alrededor de 2 mil 390 miembros de la comunidad científica, académica y cultural, quienes exhortaron a detener la iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados el 13 de diciembre de 2022.
Mas, contrario al señalamiento del Conacyt, no se trata de un llamado al boicot, sino a que "se abran espacios reales de participación en los que se incluyan para su discusión las demás iniciativas que se han presentado al poder legislativo", tal cual se lee en el documento firmado por figuras como el biólogo Antonio Lazcano, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma y el antropólogo Néstor García Canclini.
A pesar de ello, la dependencia gubernamental denominó tal exhorto como una "campaña dolosa que encabezan opositores al derecho humano a la ciencia en México", e incluso ha recriminado a casi una veintena de medios de comunicación -incluido REFORMA- su difusión, considerándolo como "infodemia".
De ahí que la dependencia lance una serie de "aclaraciones", cuyo planteamiento, irónicamente, resulta engañoso."Aclaraciones que no aclaran", expresó en Twitter David Romero Camarena, de la Red ProCienciaMx. "El Conacyt, en lugar de comunicados ampulosos, requiere acercarse a la comunidad científica, sin pretender dominarla o silenciarla".
Resaltan, por ejemplo, afirmaciones como que la legislación propuesta "prevé la asignación universal de becas a estudiantes", omitiendo mencionar la condicionante de la disponibilidad presupuestaria, noción que se repite una docena de veces, por lo menos, a lo largo de la iniciativa de ley.
Aunque se enlistan varios informes, análisis, diagnósticos y actividades de consulta que presuntamente sirvieron para la elaboración de la iniciativa, no figuran en ésta propuestas de la comunidad, como que el gasto del sector suba del 1 al 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y, por el contrario, persisten pretensiones que han causado preocupación, como la instauración de una Agenda Nacional.
Así, si bien el Conacyt enfatizó que su iniciativa de ley "no determina lo que es o no ciencia, ni lo que puede o no hacer la comunidad científica mexicana; tampoco restringe la libertad de investigación", lo cierto es que dicha Agenda será la base para determinar la asignación de recursos. Por ello inquieta a algunos que si sus investigaciones no resultan estratégicas ni prioritarias según tal Agenda, no reciban apoyo alguno.
Aunado a todo esto, la dependencia que dirige Álvarez-Buylla subrayó que el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) no desaparecerá, sino que cambiará "los métodos de evaluación cuantitativos por otros de carácter más cualitativo", y en la experiencia reciente resuena lo ocurrido con la polémica prelación, que miembros de las comisiones dictaminadoras debieron llevar a cabo de manera discrecional ante la falta de criterios claros.
Asimismo, el Conacyt presumió un "trabajo incansable en cambios estructurales profundos que han permitido replantear mecanismos para favorecer la participación de las mujeres en las HCTI". Sin embargo, vale la pena recordar que beneficiarias del programa "Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional" padecieron retrasos de hasta siete meses en la entrega de recursos, o que se pretendía incluir el embarazo como causal de suspensión en el Reglamento de Becas.
Finalmente, acusando que la "campaña dolosa" se realizó con mecanismos de difusión y convocatoria que violan la Ley de Protección de Datos Personales, por un presunto uso indebido de correos y números telefónicos personales de integrantes del SNI, investigadores y becarios, el Conacyt también señaló haber tomado
Un aspecto que recuerda el origen de las rencillas entre esta dependencia y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), cuyos ex titulares -algunos de ellos firmantes del pronunciamiento que pide detener la iniciativa de ley de Conacyt- fueran perseguidos judicialmente por la Fiscalía General de la República.
"Amenaza @ElenaBuylla -en comunicación del @Conacyt_MX- con 'demandar'. ¿A quiénes?, ¿será que le va a pedir de nuevo ayuda al Fiscal General? ¿Acaso la directora del Conacyt no sabe que todos los nombres de integrantes del SNI son públicos igual que lo son sus correos electrónicos?", criticó Alma Maldonado, académica del Cinvestav.