Después de 3 años con 10 meses en prisión, una juez federal concedió a Blanca Alicia Bernal Castilla, ex fiscal de la Unidad Antisecuestros de la FGR, el beneficio de llevar en libertad provisional y con brazalete electrónico su proceso por presuntas ilegalidades que desviaron la investigación del caso Ayotzinapa.
En una audiencia celebrada esta mañana, Alejandra Domínguez Santos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, canceló la prisión preventiva justificada a la acusada y en su lugar le impuso cuatro medidas cautelares que deberá cumplir fuera de prisión.
- Estas disposiciones son el uso de geolocalizador electrónico, la firma mensual en la Unidad de Medidas Cautelares y las prohibiciones de salir de la Ciudad de México y de convivir con las víctimas de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La impartidora de justicia consideró que cambiaron las condiciones objetivas por las que originalmente se impusieron la prisión preventiva y que hoy estaba justificado su arraigo y no existe un riesgo de que pueda darse a la fuga.
En cuando formalice la contratación del dispositivo de geolocalización y le sea colocado en un tobillo, Bernal abandonará el penal Femenil de Santa Martha Acatitla, donde está internada desde el 4 de septiembre del 2000, tras su captura en Hermosillo, Sonora.
La ex funcionaria se unió a la lista de procesados del caso Ayotzinapa que este año han logrado el cambio de medida cautelar; en abril, el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, consiguió la prisión domiciliaria, y en mayo 8 militares obtuvieron la libertad provisional.
La acusada está próxima a ser juzgada por los delitos de desaparición forzada de personas, tortura, contra la administración de la justicia y falsificación de documentos agravado.
En su momento, cuando se celebró la audiencia intermedia, la FGR pidió condenarla a 60 años de cárcel y al pago de una multa de un millón 792 mil 400 pesos.
Bernal estaba adscrita a la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), área que en un principio se hizo cargo de la indagatoria de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
En su acusación final, la FGR afirma que la ex fiscal fue parte de una supuesta "maquinación" tramada en la gestión de Murillo Karam, para desviar la investigación del caso Ayotzinapa y fabricar una versión alterna conocida como verdad histórica.