Grupos del crimen organizado comenzaron a controlar la pesca y la distribución de productos del mar en estados del noroeste del país incrementando los precios e imponiendo sus condiciones, advirtió Manuel Lira, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Sonora.
Estas organizaciones, explicó en entrevista, se encargan de comprar toda la producción y después deciden a quién le venden el producto y establecen el precio que ellos quieren.
Los productos que son más susceptibles de ser monopolizados por los criminales, explicó, son los que tienen mayor valor en el mercado como el camarón, la almeja, el callo de hacha, pero también intervienen en la venta de varios tipos de pescados.
En marzo, la investigadora del Instituto Brookings, Vanda Felbab-Brown, dio a conocer un estudio en el que reveló que el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) habían incursionado en el control de la pesca legal e ilegal en Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur.
“En la etapa inicial, exigen una tarifa de extorsión a los pescadores legales e ilegales, las cooperativas de pescadores y las plantas de procesamiento de mariscos, los transportadores y exportadores.
En el caso de la pesca ilegal, señaló, se hacen del control de especies como totoaba y pepino de mar que son muy demandadas en China.
“Los grupos delictivos mexicanos impidieron que los comerciantes chinos compren directamente a pescadores locales en un esfuerzo por monopolizar las industrias de pesca ilegal y legal.
Los pescadores furtivos de totoaba y orejas de mar ahora están obligados a vender a grupos delictivos mexicanos que luego venden a los comerciantes chinos”, agregó.
Lira lanzó un llamado a las autoridades mexicanas para que ejerzan un mayor control y vigilancia de las actividades pesqueras y de comercialización para evitar que estos grupos sigan controlando los productos.
- Empresarios, comerciantes y transportistas destinan gran parte de sus ganancias a cubrir las cuotas por ‘derecho de piso’ que les impone el crimen organizado en diversas entidades, poniendo en riesgo la viabilidad de sus negocios.
- Luis Alberto es dueño de un botanero. Vende caguamas y cubetas de cerveza, acompañadas de quesadillas, tostadas, tacos dorados y cuando se puede, mariscos.
- Por un cliente que pague 300 pesos de consumo, Luis Alberto debe dar al crimen organizado 50 pesos, es decir, el 16 por ciento de sus ganancias.
- Los afectados han enviado decenas de denuncias a las autoridades estatales, encabezadas por Cuauhtémoc Blanco.
- “No hemos tenido respuesta, dejamos nuestros correos electrónicos y números de teléfono, pero no hay respuesta, por eso si creemos que los policías sean parte de la extorsión”, afirmó.