El uso de militares para contener a los migrantes —en su mayoría centroamericanos—que cruzan México en su camino a Estados Unidos ha provocado numerosas violaciones documentadas contra los derechos humanos. Es la principal conclusión del informe que publica este martes la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), al que ha tenido acceso EL PAÍS. La FJEDD ha registrado casos de detenciones ilegales y arbitrarias; violencia sexual contra las mujeres por parte de agentes estatales que “no son casos aislados, sino que, por el contrario, son cada vez más comunes en los procesos de control y verificación”; el empleo de violencia excesiva; la negación de ayuda médica en casos de enfermedad que ha provocado “la pérdida de vidas, la mayoría de las cuales han quedado en la impunidad”; deportaciones ilegales, incluso a personas que se encontraban en proceso de solicitar asilo o racismo... Una lista de maltratos que apunta como principales culpables a la Guardia Nacional (GN), el Instituto Nacional de Migración (INM) y las Fuerzas Armadas.
“México ha optado por la implementación de una política migratoria sin enfoque de derechos humanos”, reza el informe. “Hace uso de la Guardia Nacional y otros cuerpos militares como un aparato de control migratorio, aun cuando esto va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria y el derecho internacional de los derechos humanos”, continúa. “Las personas migrantes, particularmente aquellas que se encuentran en una situación irregular, se hallan expuestas a una serie de riesgos, que eventualmente los convierte en víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos. La gran influencia de los intereses políticos y económicos del gobierno de los Estados Unidos ha provocado que se asuma un objetivo preponderantemente de contención, para lo cual se ha recurrido, en buena medida, a las Fuerzas Armadas”, concluye el documento.
El informe consta de 133 páginas y fue realizado entre enero de 2021 y abril de 2022. Está ampliamente documentado y respaldado por más de 100 entrevistas a personas migrantes y miembros del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN), además de 144 respuestas gubernamentales a solicitudes de información pública. La FJEDD focaliza la denuncia, sobre todo, en la Guardia Nacional, aunque afirma que también ha existido una “intervención directa de las Fuerzas Armadas en acciones de control militar”. También señala la colocación de militares en puestos de poder dentro del INM, lo que ha favorecido “la criminalización de los grupos de personas migrantes, acentuando con ello su situación de vulnerabilidad”.
SE CUENTAN MÉXICO EMPLEA
28.397 militares para contener la migración en lugares como Tapachula,
35.000 migrantes para una localidad de
300.000 habitantes. Del contingente,
13.663 soldados pertenecen al Ejército;
906 a la Marina y 13.828 a la GN, según el Informe de Seguridad de enero de 2022.
ADVIERTEN
Alertan ONGs de abusos
La política migratoria mexicana está cada vez más militarizada, las fuerzas armadas son las que hacen mayor número de detenciones y muchas de ellas son arbitrarias, están basadas en el perfilamiento racial o han conllevado abusos, sobre todo de mujeres.
Estas son las principales conclusiones del informe presentado el martes por seis organizaciones de larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y de los migrantes en particular, entre ellas la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Sin Fronteras y el Instituto para las Mujeres en la Migración.
Según el informe, hay un despliegue desproporcionado de militares frente al número de agentes migratorios y son las fuerzas armadas las que realizan la mayor parte de las detenciones de migrantes aunque por ley deberían ser “mero auxilio”.
La Guardia Nacional de México vigila el río Suchiate.