El primer punto es que "la iniciativa excede los alcances establecidos por la Constitución para una Ley General". ProcienciaMx indica que mientras la Constitución no asigna facultades legislativas a las soberanías estatales, esta nueva propuesta de Ley sí lo hace.
En segundo lugar se señala que la iniciativa de Ley "no contempla instrumentos de apoyo a la investigación, no incorpora en sus prioridades a la ciencia básica y de frontera, y afecta a la libertad académica", pues no define cómo se proveerán recursos, no queda claro cómo se fomentará el programa Pronaces y se "excluye a la ciencia básica y de frontera" de la asignación de posibles recursos.
En el documento también se denuncia que el "anteproyecto enuncia un derecho humano a la ciencia que no está definido en la Constitución y propone un conjunto de principios que, o no emanan de la Constitución, o son incluidos de forma distorsionada" y la de principios constitucionales que deberían incluirse, como:
a) La obligación de las autoridades "de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (...)",
b) El compromiso de evitar todo tipo de discriminación;
c) El considerar a la Nación como una entidad pluricultural;
d) La promoción de la igualdad sustantiva;
e) La ya mencionada perspectiva de género; y
f) El fortalecimiento del aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos.
Además de la afectación en derechos humanos y de libertad de investigación, el grupo de científicos e investigadores señala que el anteproyecto propuesto por el presidente López Obrador es ambiguo con los derechos de propiedad intelectual.
"La iniciativa establece que los derechos de autor y propiedad industrial financiados con recursos públicos a través del Conacyt deberán redundar y reservarse para el bienestar del pueblo de México. Sin embargo, los tratados internacionales y la legislación nacional en la materia no establecen reglas para la distribución de los derechos de propiedad industrial, por lo que no hay disposiciones para hacer que esos derechos redunden y se reserven para el bienestar del pueblo", se lee en el documento.
Los científicos e investigadores también señalan que la Ley General en materia HCTI propicia la centralización de la ciencia, pues todas las decisiones las tomaría la Junta de Gobierno de Conacyt."Por la falta de consideración del pacto federal, la iniciativa no cumple con el mandato constitucional. Esta concentración de la toma de decisiones significa un retroceso autoritario respecto al órgano existente en la ley de Ciencia y Tecnología vigente, que es el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, donde participan el Presidente de la República y los titulares de varias Secretarías de Estado, así como representantes de los gobiernos estatales, la academia y el sector privado", se lee en el comunicado de prensa.
Además indican que la propuesta "ignora el derecho a la participación pública", así como que se "desconoce la corresponsabilidad de las instituciones y organizaciones que realizan las actividades" de ciencia, tecnología e innovación.
Por otra parte, Prociencia indica que la iniciativa "elimina drásticamente la autonomía de los Centros Públicos de Investigación y los convierte en organismos al servicio del gobierno".
"En un diseño vertical, los CPI quedan subordinados al Conacyt y a la Junta de Gobierno que está bajo su control. Adicionalmente, los programas Institucionales de los CPI estarán alineados a los objetivos del programa sectorial respectivo, regido bajo la 'Agenda Nacional' (...). Queda seriamente vulnerada la libertad de Investigación (básica o de frontera), y se pierde una oportunidad invaluable para dotar de una real autonomía a los CPI".
- La red de científicos también denuncia que no se incluye de manera igualitaria a todas las instituciones en donde se produce conocimiento científico y tecnológico.
"La iniciativa en materia de HCTI discrimina a investigadores, estudiantes y proyectos de instituciones educativas y centros de investigación particulares con lo cual afecta los derechos humanos de un importante sector de la comunidad", declara ProcienciaMx.