Ciudad de México.- A través de su comunicado 420/22, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que han sido giradas tres órdenes de aprehensión por los hechos ocurridos en el pozo minero propiedad de la empresa “El Pinabete”, donde quedaron sepultados 10 mineros.
COMUNICADOEn el boletín de la FGR se precisa que desde el 5 de agosto la institución inició el procedimiento de investigación, logrando los mandatos judiciales por la probable comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 150 en relación con el 149 de la Ley General de Bienes Nacionales.
El 11 de agosto se solicitó audiencia judicial en contra de una persona por su probable responsabilidad en los actos de dirección y administración en la explotación ilícita del subsuelo que es un bien de la Nación, a través de la mina de carbón mineral “El Pinabete”, incumpliendo con las obligaciones que la ley le impone a quien realiza ese tipo de actividades, señala el comunicado.
“Hechos que, a juicio de la Fiscalía General de la República, constituyen el delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la Nación, previsto y sancionado en el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales, tratándose de un delito de acción permanente y dolosa, en los términos señalados en el Código Penal Federal, fundamentalmente, en sus artículos 8, 9 y 13”, agregó.
Tras dar continuidad a las investigaciones, “se acreditó que otras dos personas incurrieron en una responsabilidad penal al haber permitido que de manera ilegal se realizaran actividades de explotación del carbón mineral en el pozo minero ubicado en la población de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila donde permanecen atrapados 10 mineros”.
Por tal motivo, la FGR obtuvo del juez las tres órdenes de aprehensión referidas, debido a que los probables responsables no acudieron a la cita judicial correspondiente, concluye el boletín, el cual omite precisar el nivel de autoridad de los dos funcionarios que solaparon operaciones de la mina.
- Sobre estos dos probables “chivos expiatorios” igualmente la FGR omite precisar a qué dependencia pertenecen, ya sea federal o estatal.