Revelan contratos millonarios a empresas fachada en Edomex

Entre 2018 y 2022, el Gobierno del Estado de México contrató al menos a 15 empresas fachada a través de 40 contratos por un valor de más de 5 mil millones de pesos, según una investigación de The Guardian

  • CIUDAD DE MÉXICO

 Algunos de ellos implican a altos representantes del PRI, partido que gobierna la entidad desde hace casi un siglo.

 De acuerdo con la indagatoria, entre 2021 y 2022, la empresa de limpieza Sevacom, obtuvo 12 contratos por más 75 millones 841 mil pesos para organizar talleres de "maquillaje", "tratamientos faciales", "costura" y "decoración con globos" en la entidad.

 Según los contratos, esta empresa tiene su sede en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León, pero en una vista al lugar se constató que se trata de una modesta tienda de fachada azul en dónde venden productos de limpieza básicos a granel.

 Su página web señala que Sevacom fue creada un mes después de la firma de los contratos, como una empresa "activa a nivel nacional" y que ofrece más de 8 mil productos de limpieza. La propietaria de la tienda negó haber firmado contrato alguno con el Estado de México.

 Según solicitudes de información, el Estado de México ha entregado numerosos dossiers con supuestas pruebas de existencia de estas empresas, ninguno de los cuales aporta evidencia sólida de los servicios prestados.

 Además, la razón social de la empresa no corresponde en absoluto con los términos del contrato, en el cual sus servicios se registraron bajo la expresión genérica de "ayuda y cooperación".

 En el contrato también se mencionan pedidos absurdos, como 22 mil "parrillas eléctricas" para un taller de cuidado facial.

 En el marco de la indagatoria, tampoco localizaron pruebas en línea que demuestren la existencia de los talleres mencionados en los contratos y Sevacom no ha respondido a los correos electrónicos, llamadas ni a los mensajes que le han sido enviados.

 Dos de los 12 contratos fueron otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, cuando su titular era Eric Sevilla Montes de Oca, actual presidente estatal del PRI y a quien sucedió Alejandra del Moral, hoy candidata de la coalición Va por México a la Gubernatura.

 Otras empresas involucradas son Instituto C&A Intelligent, S.C., que junto con su socia Fixs Business S.A. de C.V., ganó entre 2018 y 2019, cinco contratos por casi 2 mil millones de pesos.

 A estas dos empresas, supuestamente especializadas en la gestión de recursos humanos, se les encargó llevar a cabo la selección, contratación y administración de personal, así como realizar auditorías de seguridad digital.

 Según los contratos, la empresa está ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, pero lo que hay ahí es un destartalado escaparate de color naranja, cerrado por verjas oxidadas. A decir de residentes del lugar, la última empresa que ocupó el local se había marchado hace al menos dos años

 La dirección de correo electrónico de esta supuesta empresa tampoco parece existir. El Estado de México facilitó fotos de una supuesta sede distinta, en Toluca; sin embargo, vecinos indicaron que una furgoneta paso a mediados de mayo, para volver a colocar un cartel con el logotipo en la fachada.

 Otra empresa, Zumby Servicios Profesionales firmó al menos cuatro contratos por un valor total de más de 2 mil millones de pesos con el Estado de México.

 Tres de los contratos de esta empresa se firmaron a finales de año, el 30 o 31 de diciembre: un período de festividades y vacaciones durante el cual las instituciones públicas están prácticamente paralizadas.

 Para probar la existencia y actividad de la empresa, el Estado de México aportó fotos de una oficina instalada en un espacio de coworking, pero la oficina en cuestión no ha podido ser localizada.

 Además, las fotos del domicilio fiscal de la empresa, también facilitadas por el Edomex, no se corresponden con las oficinas visitadas.

 La empresa habría prestado, por valor de más de 2 mil 274 millones de pesos "servicios profesionales y de asistencia técnica".

 De acuerdo con la investigación, el Gobierno del Estado de México aseguró que todos los contratos fueron adjudicados conforme a la legalidad.

 Por su parte, la Secretaría de Finanzas señaló que los contratos se han realizado de manera transparente, a través de licitaciones y cumpliendo con las leyes vigentes.

 También declaró que las licitaciones en cuestión se realizaron a escala nacional, lo que supuestamente explicaría la ubicación de las empresas.