- GUADALAJARA, Jalisco
De acuerdo con la iniciativa presentada por la emecista ante el Legislativo, se pretende crear la Ley de Defensoría Pública del Estado, y según el contenido del documento, las percepciones de los defensores públicos se homologarán a las de los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal de manera paulatina.
"El Congreso del Estado tendrá hasta el 2026 para realizar los ajustes presupuestales correspondientes y alcanzar la homologación referida en ese plazo; debiendo destinar cada año al menos 8 millones de pesos para el servicio de defensoría pública en Jalisco", refiere la propuesta de Aguilar Tejada.
Datos expuestos en la iniciativa refieren que, los 126 defensores de oficio que hay actualmente en Jalisco perciben 22 mil 453 pesos brutos mensuales, cada uno; en tanto, los agentes ministeriales cobran, incluyendo bono de seguridad, 36 mil 930 pesos.
Asimismo, se impulsa la asignación anual de una condecoración para defensores públicos y agentes sociales que hayan destacado por su productividad, ética, eficiencia y profesionalismo, y el reconocimiento se basaría en la disponibilidad presupuestal que se tenga.
El proyecto de ley que deberá ser analizado en Comisiones del Congreso, indica que la defensoría pública en Jalisco estaría a cargo de la Procuraduría Social, y se prestaría a través de una Subprocuraduría que tendría áreas de atención temprana, primera y segunda instancia, amparos, investigación y litigación estratégica, y sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral.
La iniciativa precisa que, la persona titular de la Procuraduría Social determinará la cantidad de defensores públicos que tendrá cada área de la Subprocuraduría.También se propone que, para ser defensor de oficio sería necesario tener 25 años de edad, ser licenciado en derecho, contar con al menos dos años de experiencia profesional, y no haber sido inhabilitado para el desempeño de funciones públicas; y quienes obtengan este cargo tendrán prohibido ejercer otro empleo que sea incompatible, así como ejercer la abogacía de manera particular a menos que sea por causa propia o la de un familiar.
En la propuesta de ley se expone, además, que los Colegios de Abogados, para conservar la vigencia de su registro, deberán acreditar que coadyuvaron con el servicio de defensoría de oficio en un porcentaje no menor al 5 por ciento de los asuntos que litigan ante los órganos jurisdiccionales.