WASHINGTON — Un juez estadounidense escuchará argumentos en una demanda contra una norma de asilo que es una pieza clave de la política migratoria del gobierno de Joe Biden. Los críticos afirman que la norma pone en peligro a los migrantes que intentan cruzar la frontera sur del país y va contra la ley, mientras que el gobierno alega que anima a los migrantes a emplear vías de entrada legales al país e impide el caos en la frontera.
La nueva norma entró en vigencia el 11 de mayo al expirar el llamado Título 42, una restricción asociada al COVID-19 que había limitado las solicitudes de asilo en la frontera entre México y Estados Unidos. La nueva norma hace extremadamente difícil que los migrantes que llegan a la frontera sur obtengan asilo a menos que utilicen una app del gobierno para conseguir una cita o que ya hayan intentado pedir amparo en otro país antes de llegar a Estados Unidos. La norma deja margen para las excepciones y no se aplica a menores que viajan solos.
La demanda amenaza con socavar una herramienta clave de la que ha dependido el gobierno de Biden para gestionar la inmigración, mientras los republicanos en el Congreso atacan al gobierno por lo que consideran falta de control en los 3.220 kilómetros (2.000 millas) de frontera con México. Los republicanos ven la inmigración como un asunto clave en las elecciones presidenciales del año que viene.
El grupo de organizaciones de derechos de los inmigrantes que presentó la demanda afirma que la nueva regla viola la ley migratoria que permite a la gente pedir asilo cuando llega a la frontera. Los grupos alegan que el sistema obliga a los migrantes a pedir protección en países que no tienen un sistema de asilo tan robusto ni unas protecciones de derechos humanos como las de Estados Unidos, y les deja en un peligroso limbo.
"La norma ya causa un sufrimiento indecible a miles de solicitantes de asilo, que o bien son deportados (de vuelta a) la persecución o quedan varados en estados mexicanos donde los migrantes enfrentan una violencia espantosa y generalizada", afirmaron en documentos judiciales.
También aseguran que la app CBP One para pedir citas de asilo tiene fallos. No ofrece citas suficientes y no esta disponible en suficientes idiomas, indicaron.
Los críticos consideran que el sistema de Biden es básicamente una nueva versión de los esfuerzos del expresidente Donald Trump de limitar la inmigración en la frontera sur. Una corte federal de apelaciones impidió que esas medidas, similares pero más estrictas, entraran en vigencia.
El gobierno de Biden alega que la norma de asilo no es una versión de la campaña de Trump, sino parte de una estrategia general que ofrece una forma de entrar a Estados Unidos para los que siguen avenidas legales y consecuencias para los que no lo hacen. También afirman que la nueva norma de asilo era necesaria porque entró en vigencia entre previsiones de que las llegadas a la frontera se disparasen al expirar el Título 42. Además, dicen que la estrategia está funcionando porque el número de cruces repuntó antes de que terminara el Título 42 y después cayó.
En cuanto a las opciones legales, el gobierno señala a un programa creado en enero que permite que 30.000 personas al mes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela entren en el país si tienen un patrocinador y llegan en avión a un aeropuerto. Los defensores de los migrantes señalan que ese programa sólo cubre cuatro países.
Por otro lado, estados de tendencia republicana han impugnado el programa ante los tribunales. Ese juicio está previsto para finales de agosto.