BALTIMORE, Maryland
Años después de migrar hacia Estados Unidos y establecerse en la zona metropolitana de Baltimore, María del Carmen Castellón tenía la esperanza de escribir un nuevo capítulo en el "Sueño Americano" de su familia y expandir su exitoso camión de comida y convertirlo en un restaurante de comida salvadoreña.
Su esposo, Miguel Luna, estaba a su lado. Los años como soldador y albañil le habían empezado a cobrar factura en cuestiones de salud, pero siguió trabajando duro porque aún no podía darse el lujo de retirarse. Rellenaba baches en un turno nocturno cuando el desastre tocó a su puerta.
Un enorme barco carguero perdió potencia y se estrelló contra el puente Francis Scott Key, lanzando a Luna y otros cinco hombres a su muerte mientras el arco de acero se desplomaba sobre el río debajo de ellos.
Siete meses después, la familia de Luna aún pasa problemas para construir un futuro sin él.
"Ese día un agujero se abrió en mi corazón, una herida que nunca sanará", dijo Castellón en una conferencia de prensa.
Castellón apareció acompañada por los familiares y abogados de otras de las víctimas para anunciar sus intenciones de emprender acciones legales en contra del propietario y operador del buque Dali, argumentando que las compañías actuaron de forma negligente y desatendieron los problemas de la embarcación antes del incidente del 26 de marzo.
El capitán de la embarcación realizó una llamada de auxilio de último minuto que le permitió a la policía detener el tráfico sobre el puente, pero no tuvieron tiempo de alertar a las cuadrillas de trabajadores. La mayoría de los hombres se encontraban dentro de sus vehículos tomando un descanso y no recibieron un aviso. Uno de los obreros sobrevivió después de caer del puente, luego de que abrió manualmente la ventanilla de su camioneta y escapó hacia las heladas aguas del río Patapsco.
Luego de la tragedia, los buzos de rescate trabajaron las 24 horas para recuperar los cuerpos de las víctimas. Los restos del derrumbe bloquearon la navegación por el canal principal hacia el puerto de Baltimore durante varios meses, afectando las rutas navieras de la costa este del país y dejando, al menos temporalmente, a muchos estibadores sin trabajo.
Los seis fallecidos eran inmigrantes latinos que vinieron a Estados Unidos en busca de trabajos mejor pagados y oportunidades para sus familias. Muchos habían vivido en el país durante varios años, incluido Luna, quien se crio en El Salvador. Le sobreviven cinco hijos.
Luna solía ir directamente a la cocina rodante una vez que concluía su turno para ayudar a su esposa a servir pupusas y otros platillos salvadoreños. El negocio atraía a una clientela diversa y leal en su estrecha comunidad hispana al sur de Baltimore.
Castellón dijo que su negocio simbolizaba su visión compartida para el futuro. Apenas días antes de su muerte, Luna la sorprendió con una visita al local que esperaban alquilar para su restaurante.
"Cada vegetal picado, cada milla recorrida, nos acercaba más a nuestros sueños", declaró.
Recordó la última vez que pasó por su camión de comida antes de irse a trabajar. Le sirvió la cena y le dio un beso.
En la búsqueda de justicia para su familia, Castellón dijo que espera evitar tragedias futuras al exigir condiciones de trabajo más seguras. Quiere que se implementen protecciones más amplias para los trabajadores inmigrantes que a menudo se encuentran aceptando empleos peligrosos que nadie más está dispuesto a realizar. En la conferencia de prensa mostró dos de los uniformes de soldador de su esposo, y destacó los agujeros en la tela causados por las chispas.
Gustavo Torres, director del grupo de activistas CASA, con sede en Maryland, declaró que no debería sorprender que las víctimas del derrumbe fueran trabajadores inmigrantes. Dijo que los intereses corporativos no deberían barrer su dolor debajo de la alfombra.
"Ninguna pérdida financiera puede compararse con la pérdida de vidas humanas", dijo Torres en conferencia de prensa, refiriéndose a las víctimas como "seis almas irremplazables" cuyos seres queridos intentan recoger los pedazos después de que sus mundos se vinieron abajo en un instante.
El Dali es propiedad de Grace Ocean Private Ltd. y operado por Synergy Marine Group, dos empresas con sede en Singapur. Días después del incidente, las dos compañías presentaron una moción ante la corte con el objetivo de limitar su responsabilidad legal, un procedimiento de rutina para casos bajo las leyes marítimas de Estados Unidos. Las mociones conjuntas buscan limitar su responsabilidad a unos 43,6 millones de dólares, en lo que podría resultar el caso por víctimas marítimas más costoso en la historia.
Darrell Wilson, portavoz de la empresa propietaria de la embarcación, señaló que la demanda de los familiares de las víctimas era previsible y destacó que el plazo para presentar este tipo de casos es el 24 de septiembre. Se negó a hacer más comentarios sobre el litigio pendiente.
Varias otras partes interesadas, incluidos funcionarios de la ciudad y negocios locales, ya han interpuesto denuncias en las que se acusa a las compañías de negligencia. Se prevé que en los próximos días se presenten demandas a nombre de las víctimas y sus familiares.