TALLAHASSEE, Florida, EE.UU. — El gobierno de Florida busca prohibir la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de género en las aulas de todos los grados escolares, ampliando la polémica ley que los críticos llaman "Don't Say Gay" (No Digas Gay) como parte del enfoque del gobernador republicano Ron DeSantis en temas culturales antes de su prevista candidatura presidencial.
La propuesta, que no requeriría aprobación legislativa, se someterá a una votación el mes próximo ante la Junta de Educación del estado y ha sido presentada por el Departamento de Educación estatal, ambos dirigidos por personas designadas por el gobernador.
El cambio de la norma prohibiría las lecciones sobre orientación sexual e identidad de género del 4to al 12do grados, a menos que sea requerido por las normas estatales existentes o como parte de la enseñanza de salud reproductiva que los estudiantes pueden optar por no tomar. La ley inicial que DeSantis defendió el año pasado prohíbe esas lecciones desde el jardín de infantes hasta el tercer grado. El cambio fue reportado por primera vez por el Orlando Sentinel.
Los portavoces de la oficina del gobernador y del Departamento de Educación no respondieron de momento a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.
El año pasado la Ley de Derechos de los Padres en la Educación provocó una amplia reacción en todo el país, y los críticos señalaron que margina a las personas de la comunidad LGBTQ y su presencia en la sociedad.
DeSantis y otros republicanos han dicho en repetidas ocasiones que la medida es razonable y que los padres, no los maestros, son los que deben abordar temas de orientación sexual e identidad de género con sus hijos.
Los detractores de la ley afirman que su lenguaje —"enseñanza en el aula", "apropiado para la edad" y "apropiado para el desarrollo"— es excesivamente amplio y está sujeto a interpretación. En consecuencia, los profesores podrían optar por evitar por completo los temas por miedo a ser demandados, argumentaron.
- La ley también desencadenó una disputa entre el estado y Disney, uno de los mayores empleadores y donantes políticos del estado, después de que el gigante del entretenimiento se opuso públicamente a la ley y dijo que suspendería sus donaciones políticas en el estado.