- RÍO DE JANEIRO
La economía está mejorando, el Congreso aprobó un proyecto de reforma fiscal largamente demorado, los agitadores que querían derrocarlo ya están en la cárcel, y a su predecesor y enemigo Jair Bolsonaro le fue prohibido postularse a un cargo público hasta 2030.
De todas formas, el mandatario de 78 años ha pasado apuros para incrementar el respaldo del que goza entre ciudadanos y legisladores. Algunos reveses duros, incluidas una serie de votaciones en el Congreso para anular sus vetos, dejan entrever que el futuro de Lula podría ser menos productivo en un Brasil prácticamente dividido en partes iguales entre sus simpatizantes y los de Bolsonaro.
Lula asumió la presidencia el 1 de enero de 2023 tras una apretada victoria sobre Bolsonaro en octubre de 2022. Al principio de su periodo de cuatro años, sólo una cuarta parte del Congreso de Brasil lo respaldó. Líderes empresariales y de la oposición temían que Lula se había inclinado demasiado hacia la izquierda.
Edificios gubernamentales fueron destruidos en la capital Brasilia en un motin encabezado por simpatizantes de Bolsonaro el 8 de enero de 2023, y parecía seguro que habría más agitación. El exministro de Finanzas Paulo Guedes, entre otros conservadores, pronosticó que las políticas de Lula harían que la economía de Brasil pronto decayera tanto como las de Argentina y Venezuela.
Se pronostica que la economía de Brasil crecerá 3% en 2024 en lugar del 0,6% que prevén los economistas de mercado. La inflación parece controlada en aproximadamente 4,7% anual, ligeramente por encima de lo pronosticado pero lejos de los dos dígitos de años recientes. La tasa de desempleo cayó a 7,5% en noviembre, un punto porcentual por debajo del día en que Bolsonaro dejó la presidencia.
La bolsa de valores de Sao Paulo alcanzó niveles récord en diciembre, elevándose por encima de 134.000 puntos por primera vez en su historia. El real de Brasil también está ascendiendo frente al dólar. Todo ello hizo que Lula volviera a mostrarse optimista e inclinado a viajar al extranjero, aspectos de su personalidad que estuvieron ausentes durante casi una década de abatimiento personal.
"Necesitábamos arreglar nuestra casa (en 2023), poner las cosas en orden", dijo Lula durante una reunión en el palacio presidencial el 12 de diciembre. "Y ahora yo digo: prepárense. El año próximo, la economía brasileña no va a decepcionar a nadie".
Sin embargo, algunas encuestas han mostrado un respaldo sin cambios para el presidente, de entre 38% y 40% desde enero de 2023. Las cifras no subieron incluso tras el anuncio de un mayor salario mínimo en 2024, la acumulación de problemas jurídicos de Bolsonaro ni el regreso de Brasil a su papel de participante destacado en asuntos exteriores bajo el gobierno de Lula.
Aproximadamente una tercera parte de los brasileños consideran que la de Lula es una presidencia promedio, y a otra tercera parte les desagrada profundamente la forma en que él gobierna esta poderosa economía latinoamericana, que volvió a colocarse entre las 10 mayores del mundo tras años de caer.
Los simpatizantes de Lula están en sus casas, pero los de Bolsonaro siguen saliendo a las calles.
Aunque no son tan numerosos como en el pasado reciente, los pocos miles de manifestantes que le piden al Congreso que enjuicie políticamente a Lula bajo acusaciones de corrupción han mostrado lo resistente que es la base política del expresidente de extrema derecha.
En junio de 2023, a Bolsonaro le fue prohibido postularse de nuevo a un puesto público hasta 2030, luego de que el Tribunal Supremo Electoral de Brasil determinó que él abusó de su poder y difundió dudas sin fundamento en torno al sistema electrónico de voto del país.
El ingeniero Eduardo Carlos Santos, de 73 años, cree que la economía de Brasil se recuperó gracias al trabajo de Bolsonaro. Evangélico devoto, al igual que muchos de los simpatizantes del exmandatario, dice que hay una guerra cultural contra los conservadores y que los izquierdistas no deberían tener cabida en el gobierno.
"Les guste o no, Bolsonaro dejó una mejor economía y Lula sólo está cosechando los frutos de eso", dijo Santos, que culpa de las dificultades económicas durante la presidencia anterior a la pandemia de COVID-19 y a las restricciones en cuestiones de salud. "Lula es un exreo, sentenciado por corrupción. Él tuvo su tiempo en el puesto; necesitábamos mover al país en otra dirección. No veo que este año vaya a ser brillante".
Lula fue encarcelado por presunta corrupción en 2018, cuando encabezaba las encuestas para regresar a la presidencia. Fue puesto en libertad luego de que, al año siguiente, el Supremo Tribunal Federal determinó que las sentencias de cárcel sólo podían implementarse una vez que se hubiesen agotado todas las apelaciones, algo que no ocurrió en lo que respecta a Lula. Posteriormente, el mismo tribunal falló que el juez en el caso de Lula, ahora senador pro Bolsonaro, estaba sesgado en contra suya.
Las dificultades de Lula en las calles también fueron patentes en el Congreso, que en varias ocasiones votó para anular los vetos del mandatario, especialmente en leyes ambientales. La más reciente ocurrió en diciembre, cuando los legisladores restablecieron leyes para deshacer protecciones a los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras. La decisión preparó el terreno para una nueva batalla entre los legisladores y el máximo tribunal del país en torno al asunto.
El Congreso de Brasil también decidió anular el veto de Lula a un proyecto de ley por miles de millones de dólares que exenta a diversos sectores de la economía de tener que pagar algunos impuestos. Ese proyecto de ley fue introducido en 2011 y perdería validez a fines de 2023. Seguirá vigente hasta 2027, un año después de que concluya el periodo de Lula.
Otras medidas le quitaban dinero del presupuesto al tesoro federal al permitir que los legisladores aprobaran para sí mismos recursos asignados a otras partidas, sin interferencia del poder ejecutivo.
Los aliados de Lula han responsabilizado de algunas de sus derrotas a Arthur Lira, el presidente de la cámara baja, que solía ser un firme simpatizante de Bolsonaro y que ahora ha operado con mayor discreción. Lira, que permanecerá en el puesto un año más, no puede postularse a la reelección bajo las actuales normas del Congreso.
Los simpatizantes del presidente también están molestos con su decisión de no nominar a otra mujer para reemplazar a Rosa María Weber, presidenta del Supremo Tribunal Federal. Se quejan también del enfoque lento del gobernante izquierdista en proporcionar más recursos para programas de bienestar social e inclusión.
Ese es el caso de Daniela Fernandes, de 34 años, que labora en una agencia gubernamental en Sao Paulo.
"Creo que podemos mejorar nuestra economía, pero también espero que los ingresos sean erogados en los pobres, no en hacer más ricos a los ricos con elevadas tasas de interés y trabajo de construcción que sólo le convenga a algunos legisladores", señaló. "Estoy aquí porque quiero que nuestro presidente controle a los militares que se pusieron del lado de Bolsonaro todos estos años, que también desafíe a la extrema derecha en las calles".
Traumann, el consultor político, dijo que el futuro de Lula dependerá de cómo se mueva entre los grupos antagónicos dentro de la sociedad brasileña.
"El lidiar con este país dividido ciertamente que es el mayor reto para el gobierno de Lula el año próximo (2024)", manifestó.