SAN JOSÉ, Costa Rica.
Los gritos para exigir "libertad", "democracia", "fin de la dictadura" y "no al comunismo" proliferaron hoy hace un año en múltiples rincones de Cuba, en un estallido social con masivas e inusitadas protestas callejeras sin precedentes desde el triunfo de la revolución en 1959.
Los hechos del 11-J comenzaron en un parque de la ciudad de San Antonio de los Baños, en la occidental provincia (estado) de Artemisa, y se propagaron con rapidez por Cuba y, aunque con menor intensidad, prosiguieron por varios días en forma paralela a la represión —golpizas y centenares de arrestos domiciliarios y carcelarios— contra gran número de personas.
"La palabra miedo está muy justificada [en Cuba]: vivimos en una dictadura", aseguró el artista plástico y disidente cubano Luis Manuel Otero, líder del Movimiento San Isidro, grupo opositor ilegal y semiclandestino de la isla, y condenado en junio anterior a cinco años de cárcel por ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.
"Mucha gente dice: 'En Cuba no pasa nada. En México, en Colombia desaparecen gente'. [En Cuba hay] una dictadura con una violencia lenta, que va carcomiendo los huesos, que va por la familia, por los hijos", aseguró.
"Y es un Estado el que va por uno y que es juez y parte y le dice: 'Es por gusto. Yo voy a hacer lo que me dé la gana contigo. Yo soy dueño de ti'. No es que le gente esté perdiendo miedo. La gente tiene miedo. Todos tenemos miedo. La gente lo que está es asumiendo la responsabilidad cívica y que no hay otra salida que la protesta", añadió.
Otero fue detenido en el entorno de los acontecimientos del 11-J, pero antes concedió una entrevista telefónica a EL UNIVERSAL como líder el MSI, que en noviembre de 2020 desafió al gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC) y sufrió represión política al exigir la libertad del artista cubano Denis Solís, condenado a ocho meses de cárcel por desacato.
El PCC, único legal en esa nación y aparato omnipresente de control en la isla, atribuyó los sucesos del 11-J a una manipulación del gobierno de Estados Unidos contra la revolución cubana.
En una acción por la que recibió intensos reproches, dentro y fuera de Cuba, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, lanzó ese día una "orden de combate" y desplegó turbas oficialistas que reprimieron a miles de cubanos que repudiaron al régimen. Díaz-Canel defendió repetidamente su decisión y desvirtuó
Los cuestionamientos.Por su parte, gobierno de EU informó el 30 de junio pasado que, por los sucesos del 11-J, "los jueces cubanos han condenado a más de 550 opositores cubanos a un combinado de más de 4 mil años en total. Los opositores han sido sentenciados a prisión, trabajo forzado y otras medidas punitivas. Estas cifras incluyen a más de 20 opositores arrestados cuando eran menores de edad".
El gobierno cubano "sigue manteniendo en prisión a más de 700 opositores que tomaron las calles" el 11 de julio de 2021 "para criticar la falta de respeto del gobierno por sus derechos humanos y libertades fundamentales. Cientos de opositores languidecen en las cárceles por cargos arbitrarios debido a que criticaron al régimen y sus líderes", agregó. Rechazó la versión difundida por el gobierno de que las protestas fueron violentas.
La situación es tensa. El diario digital 14ymedio.com, que opera en la ilegalidad en Cuba, reportó que "la Seguridad del Estado despliega sus tentáculos para neutralizar cualquier intento de celebrar el primer aniversario de las históricas protestas que tuvieron lugar en decenas de lugares en toda la isla". Explicó que los disisentes son vigilados y el internet fue cortado para evitar la repetición del 11-J.
El disidente cubano Dagoberto Valdés, dijo a este diario, en un mensaje vía WhatsApp, que "desde esta mañana [del domingo] tengo a dos personas vestidos de civil de guardia en el portal de la placita frente a mi casa. Me acerqué a preguntarles y me dijeron que era por estas fechas, que permaneciera tranquilo en mi casa".
Sin éxito, este diario intentó contactar telefónicamente a diferentes miembros de la disidencia cubana que viven en Cuba y a los que el régimen comunista califica reiteradamente de mercenarios al servicio de Washington.