Los críticos acusaron al gobierno de declarar la guerra contra el sistema jurídico, afirmando que el plan trastocará el sistema de controles y equilibrios de Israel y socavará sus instituciones democráticas al otorgar un poder absoluto a la coalición más derechista de la historia de la nación.
El ministro de Justicia, Yariv Levin, uno de los hombres de confianza del primer ministro Benjamin Netanyahu y añejo crítico de la Corte Suprema, presentó su plan un día antes de que los magistrados debatieran una controversial ley aprobada por el gobierno que permite que un político condenado por delitos fiscales sea ministro del gabinete.
La propuesta pide una serie de cambios radicales dirigidos a reducir las facultades del poder judicial, entre otras cosas, permitiendo a los legisladores aprobar leyes que el máximo tribunal haya anulado y considerado inconstitucionales.
Levin presentó una ley que facultaría al Parlamento de 120 escaños, o Knesset, anular las decisiones de la Corte Suprema con una mayoría simple de 61 votos. Levin también propone que los políticos desempeñen un papel más importante en el nombramiento de los jueces del máximo tribunal del país y que los ministros designen a sus propios asesores jurídicos, en lugar de recurrir a profesionales independientes.
Levin alegó que la confianza del público en el sistema judicial se ha desplomado a mínimos históricos, y señaló que planea devolver a los cargos electos el poder que ahora está en manos de jueces excesivamente intervencionistas.
La reforma ya ha provocado fuertes críticas por parte del fiscal general de Israel y de la oposición del país, aunque no está claro si podrán evitar que el gobierno de extrema derecha siga adelante con ella.