LONDRES
El futuro de Julian Assange, de 50 años, está finalmente en manos de la ministra británica del Interior, Priti Patel. Con fama de ser uno de los halcones (línea conservadora) más duros del Gobierno de Boris Johnson, Patel debe tomar en el plazo de dos meses la decisión de extraditar o no a Estados Unidos al cofundador de Wikileaks, que permanece actualmente en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh.
Los abogados de Assange ya han anunciado la decisión de su cliente de pelear hasta el final su posible entrega. “En términos llanos y no legales, estoy obligado a enviar su caso a la ministra para que sea ella quien tome la decisión”, ha explicado al pirata informático más famoso de las últimas décadas, presente a través de videoconferencia, y a su equipo jurídico, el juez Paul Goldspring, en una de las salas del Tribunal de Magistrados de Westminster.
A mediados de marzo, el Tribunal Supremo ya rechazó la posibilidad de que Assange pudiera recurrir. Argumentaban sus abogados que el posible riesgo de suicidio en una prisión estadounidense era muy elevado, pero no lograron convencer a los magistrados del alto tribunal. Esa última sentencia despejaba la vía para la extradición, y por eso el juez Goldspring se ha limitado a explicar que sus manos estaban atadas.
Aquel fallo puso fin a un proceso judicial que arrancó el 21 de enero de 2021, cuando la jueza Vanesa Baraitser, de primera instancia, denegó la entrega del acusado al considerar que presentaba riesgo de suicidio y que las condiciones penitenciarias en Estados Unidos podían exacerbarlo.