Perú
La posibilidad de que el expresidente Alberto Fujimori salga de prisión levanta de nuevo la polémica en Perú, tras un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el segundo que hace, para que se le conceda la "inmediata libertad" pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya frenó una orden similar en 2022.
El alto tribunal dijo el miércoles que se retiraron todos los obstáculos para que se ejecute un indulto presidencial que le fue concedido a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y, según el presidente del órgano constitucional, Francisco Morales, la resolución emitida la noche del martes indica que "se debe proceder a cumplir" con "la inmediata libertad del señor Fujimori".
Fujimori cumple una condena de 25 años como autor intelectual de 25 asesinatos y lesiones graves durante su gestión (1990-2000) atribuidos durante su gestión a un escuadrón militar clandestino.
Morales explicó a la televisora N que quien debe ejecutar ese fallo es un juez local o la agencia penitenciaria que administra las cárceles.
Keiko Fujimori, hija del expresidente y líder del partido Fuerza Popular, dijo a periodistas que esperan "con mucha ilusión que mi padre pueda estar en la casa con nosotros".
No obstante, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, precisó a la radio Exitosa que la decisión del Tribunal Constitucional no puede ejecutarse porque existe una orden de no liberar a Fujimori emitida en abril de 2022 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la mayor corte latinoamericana en derechos humanos y a la que Perú está sometido.
La Corte IDH ordenó en su momento a Perú "que se abstenga de ejecutar cualquier indulto", dijo Arana.
En abril de 2022, la Corte IDH frenó esa liberación a favor del expresidente Fujimori, de 85 años en la actualidad, argumentando que el Tribunal Constitucional, en una decisión ampliamente cuestionada a nivel local e internacional, "no cumplió con las condiciones determinadas" cuando revivió el indulto que otorgó Kuczynski en 2017.
También indicó que la decisión se tomó "sin valorar información actualizada sobre la situación de salud del condenado, atención médica y condiciones de cumplimiento" de su sentencia.