La cooperación entre Estados Unidos y México en el combate al crimen organizado y el narcotráfico padece un gran problema que impide la reducción de los niveles de violencia y la recuperación de territorios mexicanos en poder de los narcos: la desconfianza.
“Se perdió la confianza en el intercambio de información de inteligencia y con las restricciones a nuestras agencias federales que operan en México la situación empeoró, hay poca colaboración”, denuncia un alto funcionario del Departamento de Justicia estadunidense.
La queja del gobierno de Joe Biden se concentra en dos vertientes: la nueva ley de seguridad para las agencias extranjeras que operan en territorio mexicano impuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y las restricciones impuestas a los agentes de la DEA.
“Nuestros (54) agentes de la DEA que trabajan en México tienen atadas las manos. Las nuevas leyes mexicanas no les permiten investigar ni operar con base en la información de inteligencia que tenemos”, restriega el funcionario estadunidense en entrevista telefónica con Proceso.
Cauteloso por una reacción contraproducente de parte del gobierno de López Obrador a las quejas que denuncia a este semanario, el funcionario del Departamento de Justicia pide que se le mantenga en el anonimato y a esta categoría de fuente condiciona sus comentarios.
La desconfianza y la falta de colaboración en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico son síntomas de la realidad de inseguridad y de trasiego de drogas que priva en México y que coloca en el color rojo al semáforo de gobernabilidad en algunos estados de la república.
EL CASO CIENFUEGOS
Como ya ha dado cuenta Proceso en números anteriores, el cambio en el trato a los agentes de la DEA –que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto operaron con puertas abiertas– ocurrió por el arresto en Los Ángeles, California, del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, en octubre de 2020.