El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está financiado por el Congreso para 41,500 camas de detención este año, lo que plantea interrogantes sobre dónde alojaría Trump a las personas antes de que aborden los vuelos de deportación y cuánto tiempo podría retenerlas si los países se niegan a aceptarlas de regreso.
Stephen Miller lanzó la idea de "instalaciones a gran escala cerca de la frontera, muy probablemente en Texas".
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha propuesto la teoría de que la inmigración ilegal equivale a una invasión para justificar medidas de aplicación de la ley estatales,—hasta ahora sin éxito, pero los expertos legales refieren que los jueces pueden ser reacios a cuestionar lo que un presidente considera como agresión extranjera.
Las deportaciones bajo el gobierno de Trump nunca llegaron a las 350.000. Pero él y Stephen Miller —su principal arquitecto en política de inmigración— han ofrecido pistas en entrevistas y mítines respecto a adoptar un enfoque diferente si los votantes vuelven a darles el poder en noviembre. Podrían beneficiarse de las lecciones aprendidas durante sus cuatro años en el cargo y, potencialmente, de más jueces nombrados por Trump.
Los oficiales del ICE son minuciosamente deliberados, investigan los antecedentes de sus objetivos y priorizan a personas con condenas penales. Intentan capturar a los sospechosos fuera de sus casas porque generalmente trabajan sin órdenes judiciales y la gente no tiene por qué dejarlos entrar.
Un solo arresto puede requerir horas de vigilancia e investigación, un trabajo que un funcionario de ICE comparó con ver crecer el pasto.