WASHINGTON, D.C.- Algunos estados con gobiernos republicanos han dicho que no permitirán que los observadores electorales del Departamento de Justicia ingresen a los lugares de votación el día de las elecciones, oponiéndose a la práctica de décadas del gobierno federal de supervisar en busca de violaciones a las leyes federales de votación.
Funcionarios en Florida y Texas han dicho que no permitirán la entrada de observadores electorales federales en los sitios de votación el martes. Y el lunes, Missouri presentó una demanda federal para solicitar una orden judicial para bloquear a los funcionarios federales de observar dentro de los lugares de votación.
El Departamento de Justicia anunció la semana pasada que está desplegando observadores electorales en 86 jurisdicciones en 27 estados el día de las elecciones. El Departamento de Justicia declinó comentar el lunes sobre la demanda de Missouri y las acciones de otros estados con gobiernos republicanos.
La contienda entre la nominada demócrata Kamala Harris y el nominado republicano Donald Trump está muy reñida, y ambos lados se preparan para posibles impugnaciones legales a los resultados. El programa de monitoreo electoral del Departamento de Justicia, una práctica prolongada bajo administraciones tanto demócratas como republicanas, tiene como objetivo asegurarse de que se cumplan los derechos de votación federales.
Aquí un vistazo a los observadores electorales y las acciones de los estados:
¿Quiénes son los observadores electorales?Los observadores electorales son abogados que trabajan para el Departamento de Justicia, en particular en la división de derechos civiles y en las fiscalías federales en todo el país. No son agentes policiales ni agentes federales.
Durante décadas, la división de derechos civiles del Departamento de Justicia ha enviado abogados y miembros de su personal a supervisar los centros de votación de todo el país, tanto en elecciones federales como no federales. Los supervisores tienen la misión de garantizar el cumplimiento de las leyes federales sobre el derecho al voto.
La división de derechos civiles del Departamento de Justicia hace cumplir una serie de leyes que protegen el derecho de voto. Entre ellas se incluye la Ley del Derecho al Voto, que prohíbe la intimidación y las amenazas contra quienes están emitiendo o contando votos. E incluye la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, que obliga a los funcionarios electorales a garantizar que las personas con discapacidad tengan plenas e iguales oportunidades de votar.
A dónde se envían los monitores electorales?Las 86 jurisdicciones a las que el Departamento de Justicia enviará monitores el martes incluyen el condado de Maricopa, Arizona, y el condado de Fulton, Georgia, que en 2020 se convirtió en el centro de las teorías de conspiración electoral difundidas por Trump y otros republicanos. Otro lugar en la lista es el condado de Portage, Ohio, donde un comisario fue objeto de críticas por una publicación en las redes sociales en la que dijo que se debería anotar la dirección de las personas con carteles de Harris en el jardín para que se puedan enviar los migrantes a vivir con ellos si la demócrata gana la presidencia
Otras zonas a las que se enviarán observadores federales son Detroit, Michigan; Queens, Nueva York; Providence, Rhode Island; Jackson County, Dakota del Sur; Salem, Massachusetts; Milwaukee, Wisconsin; Manassas, Virginia; Cuyahoga County, Ohio, y Northwest Arctic Borough, Alaska. Habrá observadores del Departamento de Justicia en St. Louis, Missouri, cuatro jurisdicciones de Florida y ocho jurisdicciones de Texas.
¿Qué ocurre en Missouri?Al presentar la demanda el lunes, el secretario de gobierno de Missouri, Jay Ashcroft, dijo que la ley estatal “limita clara y específicamente quién puede estar en los centros de votación”. También acusó al gobierno federal de “intentar interferir ilegalmente en las elecciones de Missouri”.
La demanda afirma que la ley de Missouri “sólo permite la presencia en los lugares de votación de determinadas categorías de personas, incluidos los votantes, los hijos menores que acompañan a los votantes, los trabajadores electorales, los jueces electorales, etc.”, y no de funcionarios federales.