BOSTON, Massachusetts.- Una jueza federal determinó el jueves que impedirá que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ponga fin a un programa que permitía a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos vivir temporalmente en Estados Unidos.
La jueza federal de distrito, Indira Talwani, afirmó que emitirá una suspensión a la orden para poner fin al programa, cuyo término estaba previsto a finales de este mes. El esfuerzo para ayudar a más de medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos forma parte de una labor jurídica más amplia para proteger a las personas procedentes de Ucrania, Afganistán y otros países que se encuentran en el país legalmente.
El mes pasado, el gobierno estadounidense revocó las protecciones legales para cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, preparándolos para una posible deportación en 30 días. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que perderán su estatus legal el 24 de abril.
Los beneficiarios de las protecciones llegaron con patrocinadores financieros y se les otorgaron permisos de dos años para vivir y trabajar en Estados Unidos. Durante ese tiempo tenían que encontrar otras vías legales si querían permanecer en el país. El permiso ha sido un estatus temporal.
Trump ha estado eliminando vías legales para que los inmigrantes lleguen a Estados Unidos y llevado a cabo promesas de campaña para deportar a millones que están en el país ilegalmente.
En una moción antes de la audiencia, los demandantes señalaron que la acción del Gobierno federal era “sin precedentes” y dijeron que resultaría en que las personas perdieran su estatus legal y capacidad para trabajar. También calificaron la medida como “contraria a la ley en el sentido de la Ley de Procedimiento Administrativo”, que establece los procedimientos que las agencias deben seguir al hacer reglas.
Los abogados del gobierno de Trump argumentaron que los demandantes carecían de legitimación y que la medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), que afecta a los inmigrantes en el programa conocido como CHNV, no violaba la Ley de Procedimiento Administrativo. También dijeron que los demandantes no podrían demostrar que la terminación del programa era ilegal.