CIUDAD DE MÉXICO.-Un juez federal habría revocado ayer la suspensión provisional que, desde el 16 de enero, impedía seguir con la tala y desmonte de selva para el Tramo 5 del Tren Maya, de Cancún a Tulum.
Adrián Zepeda Novelo, juez Primero de Distrito en Yucatán, resolvió una solicitud del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para revocar la suspensión, que fue dictada por el Tribunal Colegiado Administrativo y del Trabajo del Décimo Cuarto Circuito, como parte de un amparo del colectivo #SélvameDelTren.
Si bien el juzgado no publicó completa la resolución de Zepeda, todo indica que la suspensión fue revocada, porque Fonatur presentó desde el 25 de enero la autorización de cambio de uso de suelo para terrenos forestales, cuya inexistencia fue la que llevó al tribunal colegiado a conceder la suspensión.
El 6 de enero, Zepeda había negado la suspensión provisional en este amparo, pues la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de los dos subtramos del Tramo Cinco desde julio de 2022, lo que a su vez permitió eliminar las suspensiones que el mismo juez había dictado en abril para detener la obra.
El tribunal colegiado, sin embargo, consideró que el cambio de uso de suelo forestal es un trámite distinto a la MIA, y no existía en el expediente el documento de autorización respectivo.
Nueve días después de esta sentencia, Fonatur ya tenía el cambio de uso de suelo, que corresponde a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la propia Semarnat.
Para el Tramo Cinco, de 111 kilómetros, se requiere desmontar 767 hectáreas de selva, según las MIA respectivas. El costo estimado de esta parte del tren será de casi 60 mil millones de pesos.
Zepeda resolverá el 23 de febrero sobre la suspensión definitiva del amparo 2878/2022, que será negada, pues el juez ya tiene el criterio de que, existiendo autorización ambiental, no tiene facultades para detener la obra.
- Desde agosto, el juez tiene pendiente resolver si el Gobierno violó las suspensiones que dictó en varios amparos, cuando reanudó obras del Tramo Cinco argumentando razones de seguridad nacional, pues las autoridades involucradas llevan meses sin rendir al juzgado sus informes sobre los hechos.