El gobierno federal enfrentaría una “lluvia” de amparos y demandas en paneles internacionales con la reforma aprobada a la ley minera, consideraron expertos.
La reforma a la ley minera que fue votada fast track ayer por Diputados, contempla la creación de una paraestatal que aproveche el litio y prevé que otros materiales, sin mencionar cuáles, se consideren estratégicos y sean aprovechados por la Nación exclusivamente.
Sin embargo, los transitorios de la reforma no contemplan un punto que pueda dar certidumbre a las inversiones existentes, consideró Juan Pablo Gudiño, socio fundador y director general en IGUAL Consultores, lo que resultaría en amparos.
“La ley pone en riesgo los derechos que ya tienen las empresas que tienen concesiones ya existentes y los de aquellas que tienen concesiones en espera de resolución, si les aplica la modificación de forma retroactiva.
“Esto generará una cascada importante de amparos y de pasivos en contra del Estado mexicano por paneles internacionales”, comentó.
Cuando el Gobierno no cumpla con lo establecido en tratados internacionales y cambié las condiciones de inversión, tendría que pagar garantías e indemnizaciones a las empresas, nacionales y extranjeras, que así lo soliciten, dijo Gudiño.
Aunque la reforma no menciona que se vayan a quitar concesiones de litio, al no ser clara con lo que pasará con las concesiones vigentes y en trámite, se genera incertidumbre en el sector y elimina el Estado de derecho.
Patricia Vivar, especialista en minería, consideró que la reforma está mal hecha.
“La reforma está tan mal hecha que menciona a los minerales contemplados en el artículo 28 constitucional; ese artículo ni contempla minerales, no tiene congruencia”, aseguró
En el País no existen pruebas sólidas de que haya fuertes cantidades de litio, por lo que invertir en conformar una paraestatal dedicada a la explotación de este mineral es inviable, comentó Armando Alatorre, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.
“Traen megaproyectos como el Tren Maya, Dos Bocas y AIFA que requieren inversiones de millones de dólares y que no están terminados.
“Si le sumas este nuevo proyecto que también requeriría mucho dinero está complicado que el Gobierno tenga suficientes recursos para atender todo eso. ¿De dónde va a salir el dinero y qué van a dejar de atender para invertir en esto?”, cuestionó Alatorre.