Ciudad de México.
Una pared se rompió y la acumulación de agua inundó las galerías de un “pocito” carbonero donde murió Ramón Sánchez Arellano, el único de los 14 mineros que trabajaban en el subsuelo de un área que, de tan irregular, ni nombre tenía, pero la gente de la zona solía identificarla por el apodo del capataz, el mismo con el que quedó registrada aquella tragedia del 30 de julio de 2010: el Pocito Boker.
Plutarco Ruiz Laredo, otro obrero, sobrevivió en el socavón durante una semana. De entre la oscuridad y la humedad, sin alimentos, salió con vida aunque con daños físicos y psicológicos.
Tras el siniestro, la mina quedó inservible y clausurada. Era propiedad de Eduardo Morales, quien después se puso a explotar el carbón de las paredes de unos viejos túneles en desuso, pero el 25 de julio de 2012 unos soportes desvencijados no resistieron más y de nuevo otra tragedia: seis mineros murieron a unos metros del primer incidente.
Morales no se detuvo, sólo cambió la razón social de su compañía para seguir operando, y el 28 de marzo de 2014 otros dos obreros del carbón perdieron la vida sepultados por un alud en unas cuevas cercanas a los anteriores siniestros.
El saldo es de tres accidentes y nueve trabajadores muertos por condiciones inseguras en minas irregulares; entre las anomalías destaca el hecho de que sus empresas no pagaron las indemnizaciones correspondientes.
Morales, sin límite en sus negocios, a finales de octubre –vía su hijo homónimo– obtuvo dos contratos de carbón con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa productiva del Estado cuyo titular, Manuel Bartlett Díaz, festinó en un acto masivo –ante el presidente Andrés Manuel López Obrador– la reactivación de las compras a las minas rudimentarias de la región carbonífera de Coahuila.
A Carkim Industrial, SA de CV, la CFE le otorgó un contrato por 20 mil 520 toneladas, un ingreso de 21 millones 224 mil pesos. A Rodamientos y Equipos de Sabinas le asignó otro, pero sus montos se desconocen… Ambas empresas son de Morales.
Esos contratos son parte de los 54 asignados por la CFE a pequeños productores de carbón para alimentar las carboeléctricas “José López Portillo” y “Carbón II”, ubicadas en el municipio de Nava, Coahuila, localidad cercana a la frontera.
Aunque oficialmente la asignación de contratos evaluó diferentes condiciones de legalidad, el propio reporte de la CFE identificó en buenas condiciones a 12 de las 54 empresas, 33 más tienen pendientes de cumplimiento, ocho están pendientes de clarificar aspectos fiscales, laborales, ambientales y de seguridad, y sobre una no hay datos porque acaba de firmar con la CFE.
Sin embargo, una revisión sobre la información oficial, hecha por la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), revela negros antecedentes de las empresas participantes.
De las 54 compañías en cuestión, 43 tienen un historial de operaciones irregulares, de muertes por negligencia en la extracción o por condiciones de incumplimiento con normas básicas laborales, ambientales o de seguridad.
Diez mineras más tienen pendientes por solventar y sólo una reúne los requisitos que pueden evitar un incremento de decesos o enfermedades en los trabajadores, así como impactos sociales y ambientales.
Las inconsistencias de la CFE en el registro de las empresas contratadas están en no revisar los antecedentes de las concesiones, accionistas y procedimientos, así como de las manifestaciones de impacto ambiental, y en omitir contrastar esa información con las inspecciones del Servicio Geológico Mexicano (SGM) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Desde 2001 los mismos empresarios con diferentes razones sociales o centros de trabajo mantienen ingresos millonarios por proveeduría con la CFE a partir del carbón extraído en las condiciones de trabajo más precarias.
SOFISMA AMBIENTAL
El 24 de octubre último el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la carboeléctrica “José López Portillo”; en su discurso planteó la intención de que las dos termoeléctricas de la zona trabajen a su máxima capacidad.
Para conseguirlo ofreció adquirir el carbón a los productores de la región con el objetivo de mantener las fuentes de empleo. Fue cuando desató la polémica al hacer una declaración relacionada con la supuesta subutilización de las carboeléctricas de la CFE consecuencia, según él, de los intereses privados en las energías limpias:
“Utilizaron otro sofisma, lo de las energías limpias, el que estas plantas de la CFE ya son viejas y contaminan y que, por lo mismo, era mejor la producción de energía con gas, las termoeléctricas, las eólicas o energía solar… Energías que, en efecto, no contaminan, pero están subsidiadas, produzcan o no produzcan. La CFE, con presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, les tiene que comprar la energía eléctrica.”
A partir de 2020 México debe implementar un plan de reducción del uso del carbón a fin de que la producción de electricidad basada en ese mineral desaparezca a más tardar en 2030 en los países de la Unión Europea y en los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual el país es parte, pero el anuncio del presidente contraviene esos compromisos asumidos en la COP-23, celebrada en 2017.
El discurso presidencial del 24 de octubre pasado destacó los negocios privados en el sector energético, afirmando que los únicos negocios que deben importar a los servidores públicos son los públicos, insistiendo en su compromiso de campaña de no aumentar las tarifas de electricidad y volver sobre el tema del carbón.
En el contexto de un reclamo emitido por congresistas estadunidenses que denuncian obstrucción de las inversiones en energías limpias, el presidente atajaba así el tema ambiental y reivindicaba lo que –dijo– era su compromiso por apoyar a los productores de carbón y activar la economía regional.
CARBÓN ILEGAL
Los productores del carbón en la región, como en el mencionado caso de Eduardo Morales, acumulan en dos décadas un largo expediente de muertes de trabajadores –cerca de 200 decesos de 2001 a la fecha–, así como de numerosas violaciones a las normas relacionadas con su actividad extractiva.
Los casos documentados van del trabajo infantil (en los pocitos carboneros suele usarse a menores de 15 años, por el tamaño de los túneles), pasando por los subregistros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta la evasión de obligaciones fiscales. Operan minas clandestinas imposibles de inspeccionar que, en muchos casos, son auténticas cuevas sin ademes ni normas básicas para una estructura minera.
De los recién contratados por la CFE destaca por antecedentes de trabajo infantil la Compañía Minera Díaz, beneficiaria de un contrato por 35.3 millones de pesos para surtir 34 mil toneladas de carbón.
El 2 de febrero de 2012 una camioneta, que se usaba para llevar en su batea al personal, se accidentó en el trayecto a la mina. Ahí murió un trabajador. El vehículo era conducido por un menor de edad; de los cuatro tripulantes que sobrevivieron, tres carecían de seguro social.
Luego, en 2019, una inspección federal acreditó que había dos niños trabajando en sus cuevas.
De acuerdo con los registros de la OFPC, el listado de muertes por malas condiciones de las minas es amplio entre las empresas contratadas por la CFE.
Consiente Obrador a la Sedena
Operará dependencia el próximo año con 31 mil millones de pesos adicionales a los que disponía SALVADOR Cienfuegos
Ciudad de México.
Para contentar a la cúpula militar del país, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no sólo desplegó esfuerzos diplomáticos inéditos y gastó capital político para sustraer al general Salvador Cienfuegos Zepeda de la justicia de Estados Unidos y traerlo a México como hombre libre; también otorgó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el presupuesto más elevado de su historia: dispondrá de 112 mil 557 millones de pesos el próximo año, 18 mil 528 millones de pesos más que en 2020.
En el presupuesto de egresos de 2021, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y aprobado por la mayoría de los legisladores de Morena, se plantea que la dependencia a cargo de Luis Cresencio Sandoval González operará el próximo año con 31 mil millones de pesos adicionales a los que disponía Cienfuegos al frente de la Sedena en 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto.
En su tercer año en el poder, López Obrador intensificó la militarización del país lanzada por su antecesor Felipe Calderón Hinojosa en la llamada “guerra contra el narcotráfico”, y continuada por Peña Nieto. Así, en 2021 la Sedena tendrá cerca de tres veces más recursos que en 2010, cuando la administración de Calderón le destinó 43 mil 632 millones de pesos.
En un contexto de austeridad y de crisis económica, el gobierno de López Obrador ofreció a la Sedena el mayor incremento presupuestario de la administración pública federal, superior incluso a los 16 mil 588 millones de pesos extras contemplados en el presupuesto de la Secretaría de Salud para 2021, año en que seguirá enfrentando una presión inédita por la pandemia de covid-19.
Aparte, este año la Sedena ya asumió el control operativo de la Guardia Nacional, una institución con cerca de 100 mil agentes uniformados, armados y desplegados en el territorio nacional para realizar labores de seguridad pública, a la que el gobierno federal dotará de 35 mil 671 millones de pesos en 2021 –6 mil 385 millones de pesos más que los recursos que dicha institución compartía con la Policía Federal este año–. En septiembre pasado, López Obrador expresó su deseo de que la GN cuente con 248 cuarteles a finales de 2021; en esa fecha, 79 de esos recintos ya existían.
Palacio Nacional también aumentó el presupuesto destinado a la Secretaría de Marina (Semar), aunque de manera más moderada: de 33 mil 557 millones de pesos en 2020 pasará a 35 mil 476 millones de pesos el año entrante.
Así, a través de los montos otorgados a la Sedena, la GN y la Semar, el gobierno federal destinará 183 mil 704 millones de pesos a su aparato militar el próximo año, un monto similar al que tiene previsto para los programas sociales que repartirá la Secretaría de Bienestar.