El Gobierno federal instalará una mesa para atender la condena del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas a México por el caso de cuatro personas torturadas por militares en 2009.
Moviliza a Gobierno condena de la ONU
El Gobierno federal instalará una mesa para atender la condena del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas a México por el caso de cuatro personas torturadas por militares en 2009.
En un comunicado conjunto, las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores y la PGR informaron de la instalación de una mesa con la participación de los subsecretarios Roberto Campa y Miguel Ruiz y el subprocurador Eber Betanzos Torres.También la integrarán el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Guevara; la abogada Mayra Lopez, representante de los detenidos, y María Luisa Bascur, de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.Según la resolución, en 2009, cuatro hombres fueron detenidos sin orden de aprehensión acusados de secuestro en Playas de Rosarito, Baja California, y trasladados a instalaciones militares, donde fueron torturados a fin de autoinculparlos.Las cuatro víctimas se encuentran en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro Noroeste, en Tepic.La resolución exige al Gobierno mexicano liberar a los cuatro hombres, así como iniciar una investigación exhaustiva sobre la tortura para procesar, juzgar y castigar a los responsables.El Estado Mexicano tiene 90 días para enviar información al Comité sobre toda medida adoptada para atender la resolución.Ayer mismo, se inició la colaboración con la Comisión Nacional de Seguridad, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, para atender la situación de cada uno de los internos, abunda el comunicado.La resolución es consistente con la Recomendación 33/2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).Ambas exhortan a México a conceder a las víctimas una plena reparación del daño, incluyendo su rehabilitación.Además, insta a eliminar la figura de arraigo y ajustar el Código de Justicia Militar en términos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).