CIUDAD DE MÉXICO.-
La bancada de Morena en el Senado, presentará una iniciativa para proteger el patrimonio de las personas, ante la expansión de quienes hacen préstamos indebidos, conocidos como "gota a gota", asociados con delitos de usura, robo, extorsión y lavado de dinero.
El coordinador morenista Ricardo Monreal, indicó que con esta propuesta se pretende modificar diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley de Instituciones Financieras.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), quienes se dedican a esta práctica ofrecen préstamos "fáciles" al entregar al interesado en un día el monto solicitado, sin checar Buró de Crédito, sin aval y sin contrato, con el único requisito de tener un negocio y contar con una identificación oficial.
"Los préstamos se hacen principalmente a pequeños comerciantes y vendedores ambulantes, con un interés aparentemente bajo, pero debido a que se cobran de manera diaria o mensual, poco a poco la deuda se vuelve impagable", se lee en un comunicado.
Monreal Ávila consideró como urgente atender desde el ámbito legislativo esta conducta delictiva, por vulnerar la economía de los más necesitados y quebrantar la tranquilidad de los menos informados.
Señaló que las autoridades federales han revelado que en la Ciudad de México la red de prestamistas "gota-gota" está integrada por cerca de mil 500 personas sudamericanas, que llegaron como turistas y, desde 2015, han entregado tarjetas para darse a conocer en mercados y pequeños comercios.
"Su práctica desplaza a los productos financieros formales dada la rigidez de su estructura. Esta práctica no está tipificada como un delito, sólo se considera un modus operandi. En consecuencia, resulta complejo castigar a quienes lo ejecutan y es sumamente difícil para las víctimas encontrar un medio de protección legal efectivo", asentó.
El morenista indicó que si bien los delitos —usura, robo extorsión— ya están tipificados, lo que se pretende es meter agravantes y doblar las sanciones, sobre todo, cuando la Ciudad de México ha perseguido el delito como extorsión agravada, Colombia creó el delito de "cobro coactivo", y Perú elevó las sanciones para el caso de la usura.