La diputada Juanita Guerra Mena, de Morena, propuso una iniciativa para reformar los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que la policía estatal de investigación tenga acceso al GPS de teléfonos móviles.
En su propuesta da acceso al Fiscal General de la República, lfiscales y procuradores de las entidades y a la Guardia Nacional para solicitar el acceso a la ubicación digital del posicionamiento geográfico a concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos.
Asimismo, agrega que podrán tener la ubicación geográfica de los usuarios “la policía en funciones de investigación de las secretarías de Seguridad Ciudadana o de Seguridad Pública de las entidades federativas”.
Estas instancias podrán “realizar su solicitud bajo la conducción y mando del Ministerio Público o del fiscal o del procurador de la entidad federativa”.
La diputada explica que busca “establecer un mecanismo más ágil para la colaboración, corresponsabilidad y coordinación entre concesionarios y, autorizados, y las fiscalías y procuradurías”.
Además, plantea “la coordinación y correspondencia entre las secretarías de Seguridad Ciudadana y las fiscalías y procuradurías en la investigación para la prevención del delito y el combate de delitos de alto impacto”.
Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law, explicó que hay una clara normatividad en materia de protección de datos.
En la disposición de datos personales en posesión del sector público es claro que la información es entregada por los usuarios, quienes son sus propietarios, y sólo salvo resolución judicial las autoridades pueden acceder a ella, o en una averiguación previa del tipo federal.
“El manoseo de los datos por cualquier autoridad, sobre todo las locales, ya es absolutamente intrusivo; además, es un manoseo y un ingreso indebido al manejo de los datos personales de los ciudadanos”, destacó.
El experto recomendó que antes de que lanzar este tipo de iniciativas, los legisladores deben estudiarlas, pues puede generar incertidumbre en inversiones.
Propone plataforma digital
Como parte de la iniciativa, Guerra Mena establece que, para acceder a la ubicación geográfica de los usuarios de telefonía celular, las instituciones de seguridad y procuración de justicia deberán tener una plataforma de análisis de información.
Lo anterior, “de forma que los policías en funciones de investigación puedan tener acceso automatizado a los datos de las comunicaciones generadas para su transmisión o recibidas por el sujeto de una intervención legal, y los datos de tráfico asociados a dicha comunicación”.
La plataforma será responsabilidad de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, detalla, y su objetivo será analizar información que sirva para integrar la investigación, prevención y reacción de los delitos.
“La localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados deberá facilitarse para cualquier comunicación que tenga como origen o destino el punto de terminación de red o el terminal específico que se determine a partir de la autorización, incluso aunque esté destinada a dispositivo de almacenamiento”, indica la iniciativa.