CIUDAD DE MÉXICO
En conferencia de prensa, Zaldívar no aclaró cuántas personas podrían estar encarceladas por casos de abortos ni si las afectadas están llevando sus procesos en libertad, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indicó el miércoles en un comunicado que cuando menos hay una mujer privada de la libertad desde 2018 en el estado de Oaxaca por el delito de aborto, y otras tres, en otros tres estados, por delitos aparentemente vinculados a la interrupción del embarazo.
Este organismo oficial no descartó que pueda haber más ya que, según dijo, la información que le proporcionaron los sistemas penitenciarios estatales y federales tenía “discordancias”.
Oaxaca, en el sur del país, es uno de los cuatro estados de México, junto con la capital, Veracruz e Hidalgo, donde el aborto es legal hasta las 12 semanas de embarazo en todos los casos. Es también uno de los más pobres y con mayor población indígena.
En septiembre la Suprema Corte declaró inconstitucional la penalización del aborto, tanto para las mujeres como para quien las ayuda.
Justo después de esa sentencia, Zaldívar se comprometió a que abogados del Estado se encargaran de la defensa de quienes estaban siendo procesados por este motivo, generalmente mujeres sin recursos, indígenas o de zonas marginadas.
El fallo para que el aborto no sea considerado delito estableció un criterio obligatorio para todos los jueces del país, que deberán actuar en el mismo sentido si les llegan casos similares, pero llevará tiempo el proceso de presentar amparos en cada estado o que los parlamentos locales decidan cambiar sus leyes para ajustarse a lo establecido por la Suprema Corte, máxime en un país con tanta población católica como México.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó el miércoles a impulsar reformas jurídicas en este sentido.