CIUDAD DE MÉXICO
Según anunció el miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador, los trenes costarán 36.000 millones de pesos (unos 1.800 millones de dólares). Además, subrayó que su construcción generará empleos sobre todo en Hidalgo, en el centro de México, porque es donde tienen plantas las dos empresas que lideran el consorcio, la francesa Alstom y la canadiense Bombardier.
El gobierno desestimó propuestas de menor coste porque priorizó que las empresas tuvieran un mínimo del 65% de grado de integración, es decir, que al menos ese porcentaje de los elementos de los trenes fueran hechos en México.
El consorcio ganador, unos 45 millones de dólares más caro, llegaba al 72% de integración. “Esto es fundamental porque esto es empleo para los mexicanos”, indicó Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la entidad que supervisa el proyecto.
El presidente enfatizó que las elegidas “son empresas serias, responsables y estoy seguro que van a cumplir, haciendo trenes de calidad, modernos”. Confió, además, en que no haya ampliaciones del presupuesto ni del plazo de entrega, “Esto es un desafío, necesitamos los trenes para 2023 porque el Tren Maya tiene que empezar a finales del 2023”, añadió.
Esta obra es una gran infraestructura ferroviaria que costará, según el gobierno, 6.800 millones de dólares, recorrerá unos 1.500 kilómetros (950 millas) por la península de Yucatán y unirá destinos turísticos costeros con sitios arqueológicos mayas. Es uno de los proyectos prioritarios del gobierno federal, junto al nuevo aeropuerto de la capital del país o la refinería que está en marcha en la costa del Golfo de México, pero también uno de los más polémicos.
En febrero, la Auditoría Superior de la Federación criticó el plan, que será operado por el ejército cuando sea completado, por no “contar con un proyecto ejecutivo ni un modelo financiero con el fin de identificar el esquema de financiamiento y las posibles obras y servicios por contratar”.
También ha suscitado fuertes denuncias de grupos ecologistas y comunidades indígenas de la zona por su impacto ambiental y en las reservas de agua y por eventuales daños al patrimonio en una zona está plagada de ruinas prehispánicas. El gobierno, sin embargo, asegura que la conservación de la biodiversidad y de los restos arqueológicos está garantizada.