La agencia explicó que la calificación del País está respaldada por un marco de política macroeconómica prudente, finanzas externas estables y sólidas, y una deuda pública respecto al Producto Interno Bruto (PIB) estable.
La calificadora reiteró su estimación de crecimiento del PIB de México para 2021 en 5.9 por ciento y para 2022 proyecta 2.8 por ciento, pero resaltó que los datos recientes señalan la fragilidad de las perspectivas de recuperación.
"La calificación se ve limitada por una gobernanza débil, un crecimiento moderado a largo plazo, una intervención política continua que afecta las perspectivas de inversión y las implicaciones para las finanzas del Gobierno federal de su estrategia de aliviar la carga fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex)", advirtió.
Fitch ve la deuda de la petrolera estatal, equivalente al 9 por ciento del PIB, como un pasivo contingente del soberano.
La calificadora señaló que una piedra angular de la agenda política del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido la reversión de las reformas que permiten la participación privada en el mercado de la energía y la electricidad, como su iniciativa presentada al Congreso hace unas semanas.
"La reforma pretende transformar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en una entidad estatal autónoma, limitar la participación del sector privado y otorgar a la CFE y la Secretaría de Energía (Sener) plena autoridad reguladora y de despacho", refirió Fitch.
"Si se aprueba, Fitch espera que la reforma dé lugar a una inversión insuficiente en el sector eléctrico y a precios no competitivos de la electricidad y que debilite la calidad regulatoria de México. La reforma probablemente también resultaría en mayores necesidades de inversión por parte de CFE y mayores costos de generación, lo que podría aumentar la presión sobre las finanzas públicas y de CFE".
Fitch no anticipa que la reforma se apruebe en su forma actual y destacó que el debate se trasladó a abril de 2022.
"Un patrón de intervención de la política microeconómica en los mercados y la desconfianza en las entidades reguladoras autónomas continúa afectando el clima de inversión y la calidad de la gobernabilidad de México, aunque el enfoque principal sigue siendo el sector energético", subrayó la agencia.
"Si bien muchas propuestas han sido archivadas, suspendidas por los tribunales o modificadas después de la consulta del sector privado, ha habido iniciativas con implicaciones negativas para las perspectivas de inversión (por ejemplo, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México) y otras que aún no se han implementado (por ejemplo, reforma eléctrica)".
Fitch destacó que el Gobierno también ha criticado continuamente a las instituciones autónomas, incluidos los reguladores de energía y al Instituto Nacional Electoral (INE).
"La calidad regulatoria, uno de los seis pilares de los indicadores mundiales de gobernanza del Banco Mundial, se ha deteriorado constantemente a lo largo de esta Administración", remarcó.
Sobre el apoyo fiscal durante la pandemia, lo calificó como "modesto" y "limitado".
"El impulso fiscal limitado probablemente resultará en costos sociales más altos (por ejemplo, índices de pobreza y subempleo más altos), lo que aumentará el riesgo de cicatrices económicas y afectará el potencial de crecimiento futuro".