El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que el magistrado José Luis Vargas Valdés, presentará una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea ésta la que se pronuncie sobre la legalidad de los actos derivados de este miércoles, en donde cinco magistrados sesionaron y votaron a favor de su destitución.
Lo anterior con base en el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , el cual señala que el Pleno de la Suprema Corte tiene la atribución de “Conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los preceptos correspondientes de esta Ley Orgánica”.
La controversia del magistrado se da luego de que cinco magistrados del Tribunal Electoral votaran a favor de destituir al magistrado presidente José Luis Vargas Valdés y sustituirlo por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
En sesión pública que llevaron a cabo cinco de los siete magistrados, y que encabezó la magistrada Janine Otálora, se coincidió en la pérdida de confianza de Vargas Valdés, además de que se le reprochó el dirigirse sin respeto hacia los magistrados.
Reyes Rodríguez fue electo para concluir el período de Vargas Valdés en 2024.
Tras dicha decisión, José Luis Vargas Valdés acusó de albazo lo ocurrido y aseveró que sigue siendo el magistrado presidente del Tribunal, por lo que este jueves convocará a una sesión privada y pública, para desahogar los temas pendientes.
“Los albazos no son forma como se solventan las diferencias. Como presidente en funciones, mañana convocaré a sesión privada y a sesión pública”, señaló.
Vargas Valdés subrayó que la sesión llevada a cabo esta tarde, por los cinco magistrados que eligieron como nuevo presidente a Reyes Rodríguez Mondragón, es nula de pleno derecho.
“Constituye un ejercicio ilícito de funciones”, aseguró.