Los proveedores consentidos de Sembrando Vida en Veracruz

En la huasteca veracruzana, funcionarios de Sembrando Vida diseñaron una estrategia para favorecer a empresas cercanas a sus amigos y familiares: a los beneficiarios del programa, se les obligó a comprar herramientas e insumos de baja calidad con esos proveedores

CIUDAD DE MÉXICO .- Han pasado nueve meses desde que Gonzalo compró cerca de cinco kilos de semillas de jamaica. El tiempo no ha logrado aminorar su enojo y decepción. Desde que recibió los paquetes, se le hizo extraño que no tuvieran etiquetado o marca; que solo estuvieran envueltos con plástico negro y papel de estraza. Al abrir el primer empaque, percibió un olor agrio. Al extender el contenido, se indignó aún más al ver que eso parecía un montón de cáscaras de pepita, abiertas y mojadas. Eran 12 mil pesos de semillas pudriéndose entre sus dedos. 

Para adquirir esas semillas de jamaica, así como otras de papaya y limón —estas  últimas también en descomposición—, el campesino utilizó cerca de 20 mil pesos que su grupo de sembradores recibió como “apoyo económico adicional” del programa Sembrando Vida. 

El sembrador —a quien en esta investigación se llamará Gonzalo, porque solicitó ocultar su identidad para evitar represalias— recuerda que no tenía idea de quién era el proveedor de esos paquetes de semillas podridas, porque la gente que le entregó los productos eran y siguen siendo funcionarios de Sembrando Vida, uno de los programas sociales emblemáticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

Este programa, que busca combatir la pobreza rural y la degradación ambiental, consiste en pagar un jornal de cinco mil pesos mensuales a los sembradores beneficiarios, quienes deben integrarse a una Comunidad de Aprendizaje Campesina (CAC), como se le conoce a los grupos con 25 personas, e implementar sistemas de siembra de árboles frutales y maderables en sus parcelas. 

El caso de Gonzalo no es aislado. Al realizar entrevistas con integrantes de 17 CAC de la región norte de Veracruz, se pudo documentar que por lo menos 400 beneficiarios de Sembrando Vida se vieron obligados a reponer, con su dinero, los insumos de mala calidad que adquirieron con proveedores impuestos por funcionarios del programa en la entidad. Eso, además, provocó que se retrasaran los planes de trabajo en sus parcelas.

Esta investigación periodística, realizada por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, documentó que detrás de este y otros episodios padecidos por sembradores en la región norte de Veracruz están funcionarios de la Secretaría de Bienestar en Veracruz, sus familiares o amigos.

Técnicos y facilitadores del programa Sembrando Vida amenazaron a sembradores de la huasteca veracruzana con sacarlos del programa federal si no compraban con cuatro empresas y tres personas físicas. Estos proveedores impuestos entregaron semillas en mal estado, herramientas de mala calidad o productos a sobreprecio; así lo revela una veintena de facturas, recibos bancarios, catálogos de artículos, cotizaciones, fotografías, audios y otros documentos entregados por 36 sembradores y cinco exfuncionarios de Sembrando Vida.

Este esquema, en el que se obliga a los sembradores a comprar con los proveedores impuestos por funcionarios, operó sin ningún problema durante al menos siete meses en la huasteca veracruzana.


Denuncias que se quedan en el aire 

En la huasteca veracruzana, donde hay altos índices de pobreza, existen 16 mil sembradores bajo la coordinación de Randú Ortiz Herrera.

En entrevista, al menos 22 agricultores dijeron que utilizaron parte del dinero del jornal que recibieron en los últimos meses —entre 12 y 20 mil pesos— para compensar las pérdidas de semillas, reponer materiales de sistemas de riego o adquirir árboles y así cumplir con el plan de trabajo del programa; de no hacerlo podrían ser sancionados o dados de baja, como se establece en las reglas de operación de Sembrando Vida.

Gonzalo y los integrantes de su CAC tienen al menos seis meses de retraso, pues no han podido conseguir las semillas o árboles frutales que están permitidos en su plan de trabajo de Sembrando Vida, el cual fue diseñado por los técnicos y facilitadores subordinados de Randú Ortiz. 

“Nosotros —explica Gonzalo— quisimos plantar limón agrio y también guanábana, porque eso es lo que se da en esta región, pero nos dijeron que no podíamos hacerlo porque en el futuro generaríamos una sobreoferta. Esos son los árboles que sí se consiguen por aquí; árboles de pimienta, jamaica, no hay cerca, tendríamos que pagar más dinero para traerlos de lejos”.

Un sembrador de 54 años asegura que después de denunciar las acciones de técnicos y facilitadores han sido hostigados y relegados: no reciben capacitación en agroforestería ni en la producción de fertilizantes o sustancias para combatir las plagas. 

“El programa es bueno, ha generado unión entre la comunidad, hay mucho trabajo por hacer, pero estas personas se lo han apropiado para sus intereses y eso no es justo”, comenta el sembrador, quien en marzo pasado envió una carta al subsecretario de Bienestar Raúl Paulín Hernández denunciando estos hechos. 

No es la única carta de denuncia que ha recibido el subsecretario Paulín Hernández, quien es responsable de la operación del programa Sembrando Vida en todo el país. Al menos 100 sembradores han enviado cartas a Manuel Huerta, delegado de Bienestar en Veracruz; al secretario de Bienestar, Javier May; y al presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Este tema, incluso, se ha mencionado en tres conferencias matutinas del presidente. Técnicos que renunciaron o fueron despedidos también han enviado cartas de denuncias a las autoridades.

El pasado 9 de julio, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el subsecretario Raúl Paulín Hernández declaró que era poco probable que un técnico de Sembrando Vida pudiera presionar a un CAC para que comprara con un proveedor en específico.

“No meto las manos al fuego por los 4 mil 300 técnicos… Si bien es cierto que puede haber casos como estos, la misma comunidad ha puesto resistencia a este tipo de prácticas que eventualmente pudieran existir, y también las denuncian”, dijo Raúl Paulín Hernández. También aseguró que todas las denuncias recibidas han sido turnadas al órgano de control de la Secretaría de Bienestar. 

A inicios de 2020, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que tenía registro de 28 denuncias, sin embargo, al contestar una solicitud de información en el pasado mes de julio, la dependencia aseguró que no hay denuncias.

Videos en poder de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas muestran que Raúl Paulín Hernández ha sido increpado, al menos en tres ocasiones, por sembradores de la huasteca veracruzana. Frente al coordinador Randú Ortiz Herrera, estos le han expuesto de manera detallada cómo opera el esquema de proveedores “consentidos” y las presiones que han recibido por parte de técnicos y facilitadores. 

En 2019, cuando el entonces subsecretario Javier May era responsable de Sembrando Vida, también recibió denuncias en contra del coordinador territorial de Córdoba, Hugo Trujillo Fritz.

En una carta que el sembrador Roberto Lagunes, de un CAC del municipio Manlio Fabio Altamirano, envió al delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, se describe que los técnicos Francisco Galia y Miguel Rincón —quien fue candidato a presidente municipal de Manlio Fabio Altamirano por el Partido Encuentro Solidario (PES) en las pasadas elecciones— fueron intermediarios para la compra de plantas y un sistema de riego que costó 132 mil pesos, y que terminó siendo facturado a una persona física llamada Ignacio de la Hoz Arvizú.

En julio de 2020, tras interponer la denuncia, los técnicos y Trujillo Fritz emitieron una amonestación contra el sembrador Roberto Lagunes, supuestamente por abandonar su unidad de producción. Un mes más tarde, le notificaron que fue dado de baja de Sembrando Vida; así lo muestran documentos en poder de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

En 2020, la Secretaría de Bienestar, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, informó que en sus archivos no cuenta con denuncias en contra de funcionarios de Sembrando Vida. Por su parte, Función Pública mantiene en revisión la denuncia del caso de Roberto Lagunes.

A casi dos años de que se presentó la denuncia, Roberto Lagunes no tiene respuesta: “El caso quedó impune, jamás pude volver al programa. Tenía 500 pesos en la tarjeta y me cancelaron la tarjeta y perdí el dinero. Fue en octubre del año pasado. Es una vergüenza todo lo que está pasando en el programa”.

El exsembrador dice que aún cuida los árboles que sembró con el programa gubernamental, pero asegura que solo dejará en pie 800 limoneros. Su plan es talar los árboles maderables, porque ya no puede con los gastos de mantenimiento. 

“Los voy a talar para sembrar pasto y comprar algunas vaquitas. Es ridículo sembrar árboles maderables, porque tengo 60 años, la producción de madera no la van a ver ni mis hijos, ¿quién los va a cosechar? ¿Mis nietos? ¡Esa planeación estuvo muy mal!”, dice el exsembrador del municipio de Manlio Fabio Altamirano.