Anoche fue presentada contra el fiscal Irvin Barrios una denuncia por los presuntos delitos de extorsión y amenazas en contra de taxistas que fueron víctimas de dichos actos durante la puesta en marcha en Reynosa de un operativo para detectar unidades del transporte público con reporte de robo, o bien, involucradas en la comisión de delitos.
Ayer por la tarde, concesionarios del transporte efectuaron una protesta de rechazo ante las presuntas extorsiones de que se duelen fueron objeto.
Ante la ausencia de inspectores de la Dirección del Transporte Público del Estado, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) inició con el operativo por diferentes rumbos de la ciudad.
Sin embargo, procedieron a detener los taxis de forma general, sin excepciones, como por detectar la ausencia de alguna placa en la unidad, falta de licencia o algún otro documento relacionado a la prestación de su servicio, que compete checar a la Dirección de Transporte.
Los amenazaron con procesar, pidiendo a cambio cantidades de dinero en efectivo de entre 10 a 15 mil pesos.
Los choferes manifestantes exigieron ante autoridades de la dependencia la devolución de unidades —tres micros— que habían sido decomisadas durante el operativo, tras comprobarse que sí están concesionados.
Otros siete vehículos, que no cumplían al momento con ese requisito, permanecerán, por tanto, en instalaciones de la Fiscalía hasta que demuestren que están trabajando dentro del marco legal.
SEÑALAMIENTOEduardo Chávez Uresti, apoderado legal del Gremio Unido de Choferes (GUCH), declaró en entrevista a El Mañana que este operativo se puso en marcha por iniciativa de la Fiscalía General del Estado, que preside Irving Barios, para investigar a unidades taxi con presunto reporte de robo o involucradas en denuncias.
Durante el operativo detuvieron en forma aleatoria unidades circulando, en algunos casos por no traer una placa, licencia o la copia de la concesión original fueron amenazados a procesarlos, solicitando cantidades de entre 10 a 15 mil pesos para liberarlos, dijo.
Aun cuando dichas faltas no eran el origen ni propósito del operativo, señaló al fiscal Irvin Barrios como presunto responsable y haber permitido estos abusos.
Niega FGJE perjuicio contra transportistas- Sobre los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado dijo que se actuó en relación al cumplimiento de una orden de investigación por denuncias de robo en unidades del transporte público, y que fueron aseguradas 10 unidades, de las cuales se sabe, al menos tres fueron regresadas.
- La Fiscalía rechazó que haya incurrido en acciones en detrimento o perjuicio patrimonial de concesionarios, reiterando su “compromiso con el combate a la comisión del delito e invitando a quienes se duelan de dichas acciones en su perjuicio a acudir a presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público”, lo que ya anoche mismo se hizo.